Liberaciones de condenados revelan los fallos del sistema judicial mexicano

Paula Escalada Medrano

México, 17 ago.- Las liberaciones de personas condenadas por errores formales en el proceso, como la del capo Rafael Caro Quintero, evidencian una vez más la "incompetencia" de la fiscalía mexicana y de un sistema judicial "disfuncional", dijeron hoy a Efe expertos.

"Una justicia que tarda 28 años en determinar que una persona está siendo juzgada ante una autoridad incompetente resulta más incompetente que la propia incompetencia determinada", dijo a Efe Julio Hernández, especialista en Derecho penal.

Caro Quintero, de 60 años y uno de los traficantes de drogas más importantes de México en los años ochenta, fue excarcelado el 9 de agosto después de que un fallo judicial desechara varias causas en su contra.

Entre ellas, el proceso por secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala en febrero de 1985, con el argumento de que se llevó en la jurisdicción federal, cuando correspondía al fuero común.

"Un caso tan relevante, en donde la fiscalía no hace nada por detenerlo y sale de la prisión prácticamente a escondidas, de madrugada y sin que nadie se entere de su salida, despierta la suspicacia", afirmó Hernández.

Por ello, en su opinión, la "negligencia" o la "corrupción" por parte de los jueces están detrás de que Caro Quintero haya abandonado la prisión tras haber cumplido 28 años de los 40 a los que fue condenado por tráfico de drogas.

Tras la liberación, el Gobierno de EE.UU. pidió a México su detención provisional con fines de extradición por delitos no precisados.

En virtud de dicha solicitud, un juez mexicano ordenó esta semana el arresto provisional del fundador del cártel de Guadalajara, pero hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

En el pasado hubo dos peticiones de extradición por el asesinato del agente que fueron desestimadas por la Corte Suprema ante el riesgo de que el capo fuera condenado en EE.UU. a la pena de muerte o a cadena perpetua, castigos que no están previstos en la ley mexicana.

Este caso se suma a otros registrados en los últimos meses, como el de Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, que fue exonerado en julio del delito de enriquecimiento ilícito, a pesar de que había admitido ante un diario que parte de su fortuna se debía a los manejos urdidos a la sombra del poder.

Además, seis altos mandos militares fueron liberados recientemente, luego de permanecer un año en prisión, por falta de pruebas para procesarlos por nexos con el narcotráfico.

Los cargos en su contra fueron presentados durante el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012) en base a testimonios de testigos protegidos, presuntamente como parte de una venganza política. El cambio de Administración en diciembre pasado les permitió recuperar su libertad.

"En México, la justicia es selectiva (...) Parece que uno necesita ser narco o político o extranjero para que se aplique", aseguró Hernández, convencido de que "no se trata de casos estrictamente jurídicos", sino que hay detrás "algo de corrupción o presiones económicas o políticas".

Esto se ve en casos como el de la francesa Florence Cassez, condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro, y liberada en enero pasado por la Suprema Corte no por su inocencia, sino por irregularidades en el proceso.

El alto tribunal estimó que no se habían respetado los derechos de la francesa, que permaneció siete años en prisión, porque no se avisó a su consulado de la detención y además se hizo un montaje de su captura para una cadena de televisión.

Cuando Cassez fue liberada muchos alertaron sobre una supuesta ola de peticiones de revisiones de condena, algo que en opinión de su abogado, Agustín Acosta, no se ha registrado. En México siempre ha habido "una tradición de litigio que lleva muchos casos a la corte", dijo.

"Hay que rechazar la idea de que ahora con el asunto del debido proceso se abre la puerta a los delincuentes, haríamos mal en darle esa lectura al caso de Cassez y a las liberaciones" porque es "superficial, mediática y movida por bajas pasiones, que escapan a la serenidad que debe privar en los tribunales", declaró a Efe.

En su lugar, apuntó, la lectura que debe prevalecer en el caso Cassez, quien para él sigue siendo inocente, es que sentó "un precedente importante" para que el Ministerio Púbico y la Policía "hagan bien su trabajo".

Sobre Caro Quintero, señaló que lo más preocupante es que en 2013 se siga resolviendo un caso que se remonta en 1985.

"La liberación se ha permitido por las disfuncionalidades del proceso penal mexicano, por no existir una ley que ponga límites a los procesos", afirmó Acosta.

El Ministerio Público no pudo demostrar que Camarena era un diplomático, lo que convertiría al caso en federal, "por lo que el error estaría en la fiscalía", explicó.

En su opinión, "se debe dirigir la mirada más sobre las procuradurías y cómo arman sus casos que sobre los jueces que dictan sentencias sosteniendo principios constitucionales".