"Las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado", dijo en un comunicado la organización de defensa de derechos humanos, con sede central en Londres.
El 22 de agosto de 2010, un total de 72 migrantes de Centro y Suramérica -58 hombres y 14 mujeres- fueron asesinados con armas de fuego en un apartado rancho de la comunidad de San Fernando, un inseguro pueblo del estado de Tamaulipas a 130 km de la frontera con Estados Unidos.
En su momento las autoridades mexicanas informaron que los migrantes fueron asesinados por integrantes del sanguinario cartel de Los Zetas porque rechazaron integrarse a las filas del grupo criminal.
"Se sospecha" que muchos de los agresores de la matanza "trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales", afirmó Amnistía , que calificó de "insuficiente" y "escandalosa" la falta de investigación y la escasa información que las autoridades han dado a las familias de la víctimas, así como la demora extrema en la identificación de los cuerpos.
Amnistía consideró que la impunidad "da luz verde" a organizaciones criminales para atacar a los migrantes en su paso clandestino por el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.
"La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen", dijo Carolina Jiménez, directora adjunta de AI para las Américas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) documentó que cerca de 20.000 migrantes fueron secuestrados en dos periodos de seis meses entre 2010 y 2011.
Amnistía también recordó que en 2012 los cuerpos mutilados de 49 personas fueron abandonados en un camión en una carretera de Cadereyta (norte), "muchos de los cuales se sospecha que eran migrantes".
Unos 81 integrantes del cártel de los Zetas habían sido detenidos hasta 2011 por la masacre de San Fernando, donde unos meses después fueron hallados 193 cuerpos en fosas clandestinas, presuntamente de migrantes extranjeros y mexicanos que habrían sido secuestrados y luego asesinados en ese pueblo cuando viajaban en autobuses hacia la frontera norte.
Se calcula que unos 200.000 extranjeros indocumentados, la mayoría centroamericanos, ingresan cada año en México para buscar una mejor vida en Estados Unidos, en un camino plagado de amenazas de organizaciones criminales que los secuestran, extorsionan y asesinan.
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