Barcelona lleva a Fiscalía 4 desalojos extrajudiciales y crea una unidad de la Urbana específica

Barcelona lleva a Fiscalía 4 desalojos extrajudiciales y crea una unidad de la Urbana específica

El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado a Fiscalía expedientes de cuatro casos de desalojos extrajudiciales para que estudie si se han producido ilegalidades, y ha impulsado una prueba piloto para crear una unidad específica de la Guardia Urbana con formación para que detecte casos de 'mobbing', que por el momento contará con dos agentes en Ciutat Vella.

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha explicado en declaraciones a los medios que el Ayuntamiento ha documentado en el último año siete intervenciones de empresas en desalojos en las que presuntamente se cometieron ilegalidades, y ha llevado cuatro de éstas a Fiscalía al ser las más graves, con imágenes, atestados policiales, testimonios e informes realizados por trabajadores públicos que han presenciado los hechos.

Ha destacado que, si la Fiscalía actúa, el Ayuntamiento podría personarse como acusación popular --descarta actuar si la Fiscalía no ve indicios delictivos-- ante estos casos de desalojos sin orden judicial, una nueva modalidad de 'mobbing' que Asens ha dicho que ha proliferado en el último año, en el que una empresa se presenta como mediadora pero coacciona psicológicamente y en ocasiones físicamente a las personas del inmueble --tanto 'okupas' como no-- para que lo abandonen.

Preguntado por los periodistas sobre la unidad de la Guardia Urbana, ha destacado que todavía están discutiendo los detalles de la prueba piloto pero que los dos agentes previstos en Ciutat Vella podrían ampliarse a otros distritos, y ha dicho que se potenciará su formación en este ámbito --dentro del Plan de formación de Derechos Humanos-- para facilitar que identifiquen estos delitos, porque "la frontera entre lo que es legal y lo que no es difusa" en estos casos.

La unidad se creará en Ciutat Vella porque es el distrito en que se han dado más casos de desalojos extrajudiciales, entre los que Asens han destacado uno de abril en el que se produjeron amenazas y actuaron los Mossos d'Esquadra, caso que ya está judicializado pero que el Ayuntamiento lleva a Fiscalía con más información.

FISCAL ESPECIALIZADO

El Ayuntamiento ha comunicado también a Fiscalía la voluntad del Gobierno de Ada Colau de elaborar un convenio de colaboración para crear un Fiscal especializado en delitos de coacción inmobiliaria y para poner en marcha una comisión de seguimiento formada por el consistorio y la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Asens ha destacado que la ciudad y la Fiscalía contaron con un convenio similar entre 2008 y 2012 durante el mandato del exalcalde socialista Jordi Hereu, que incluía este Fiscal especializado, pero que el acuerdo no se renovó en el anterior mandato de Xavier Trias, por lo que pide recuperar esta figura y el convenio para mejorar la coordinación.

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un protocolo de actuación para coordinar las áreas municipales ante la proliferación de desalojos sin orden judicial ejecutados por estas empresas --que no tienen contabilizadas porque van apareciendo, ha dicho--, que se activará cuando se tenga constancia de que alguna de éstas lleva a cabo una actuación que pueda suponer un delito.

Para comprobarlo, enviará a un técnico del distrito y, si se ratifica que se produce alguna actuación ilegal, se comunicará inmediatamente a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana, tras lo que una comisión de análisis se reunirá al día siguiente para estudiar la información del caso para decidir si impulsa algún tipo de acción judicial.

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