Duterte invita a la ONU a crear una oficina en Filipinas para vigilar su campaña antidroga

"Voy a invitar personalmente a la comisión de Derechos Humanos a que establezcan una oficina satélite aquí", ha asegurado este lunes el presidente filipino a su salida de un funeral por la muerte de un policía. "Les voy a decir a los comisarios de Policía que no hagan absolutamente nada sin un representante de la comisión del Alto Comisionado y todo el mundo debe llevar encima una cámara, así seremos transparentes", ha asegurado.

Las declaraciones se han desmarcado del tono crítico que siempre ha mostrado el mandatario por Naciones Unidas. En una ocasión, Duterte llegó a amenazar con sacar a Filipinas de la ONU después de que varias de sus agencias humanitarias mostrasen su preocupación ante el gran número de muertes que está dejando tras de sí su campaña contra la droga. Miles de personas, en su mayoría residentes de las zonas más empobrecidas de Manila, han muerto a manos de la Policía y de supuestos mercenarios desde que Duterte asumió el poder en junio de 2016.

El Alto Comisionado no ha hecho ningún comentario inmediato sobre las declaraciones de Duterte. El mandatario también ha garantizado que tendrá un debate público con los enviados de Naciones Unidas como requisito fundamental antes de llevar a cabo cualquier tipo de investigación sobre la campaña antidroga.

Su intento de acercar posturas con la ONU se ha producido después de que la Policía Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés) se convirtiera en el foco de críticas a nivel internacional tras su responsabilidad en la muerte el pasado agosto de dos menores. La Policía alega que los dos adolescentes fueron abatidos en defensa propia, mientras que la oposición política del Gobierno asegura que fue un "asesinato a sangre fría".

Más de 3.800 personas han muerto como consecuencia de las operaciones policiales contra el narcotráfico en los últimos 15 meses, y se han producido al menos otros 2.100 homicidios relacionados con la campaña contra la droga. Las autoridades policiales filipinas han negado en todo momento las acusaciones de grupos de Derechos Humanos, que les señalan por haber asesinado a drogadictos y supuestos traficantes.