A escasos días de que la Asamblea Nacional gala vuelva a debatir el proyecto de ley antiterrorista, después de la introducción de algunas enmiendas en el Senado, Collomb ha insistido en la necesidad de "reforzar el control de los agentes que están en misiones de seguridad y defensa".
Por el momento, tan sólo se investiga a policías, gendarmes y militares antes de su contratación, pero el ministro ha defendido en una entrevista con 'Le Parisien' que, con la nueva ley, los controles seguirán "durante toda la carrera", de tal forma que se pueda cruzar la identidad de los funcionarios con las informaciones de distintos ficheros "en caso de que exista una sospecha de radicalización".
"Cuando descubrimos que un agente se ha radicalizado, nuestro margen de maniobra es muy débil", ha lamentado Collomb, quien ha planteado la posibilidad de la expulsión. En este sentido, ha explicado que actualmente ya se puede prohibir a un trabajador de una central nuclear que acceda a las instalaciones si se sospecha de él, por lo que ha llamado a extender este tipo de controles a otros sectores.
Las nuevas medidas, ha añadido, "afectarán a policías, gendarmes, militares, trabajadores de aduanas y personal penitenciario". Collomb ha negado que se trate de poner bajo sospecha a todos los organismos de seguridad, sino de mejorar los actuales protocolos de respuesta ante posibles amenazas.
El ministro ha admitido que "varias decenas de situaciones" ya han sido objeto de vigilancia por parte de las autoridades, aunque no ha entrado en más detalles al respecto.
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