Las infracciones penales, delitos y faltas bajan un 5,2 en la ciudad de Lleida

Las infracciones penales, delitos y faltas bajan un 5,2 en la ciudad de Lleida

Las infracciones penales, los delitos y las faltas disminuyeron un 5,2% durante el 2016 en la ciudad de Lleida, pasando de los 10.415 del 2015 a los 9.875, ha asegurado el Ayuntamiento en un comunicado después de la junta de seguridad local.

Se ha producido un descenso histórico en infracciones penales, en la accidentabilidad y lesividad en el tráfico, y un descenso de los delitos contra el patrimonio --pasa de 8.255 del 2015 a los 7.733 del 2016-- y en los robos en interior de domicilio, con una bajada del 30%.

En cambio, el número de denuncias sobre violencia doméstica ha crecido al pasar de las 525 del 2015 a las 614 del 2016, hecho que, según el alcalde, Àngel Ros, puede deberse a un incrementado las situaciones de violencia doméstica o a la mayor la sensibilidad social que hace que se haya perdido el miedo a denunciar estas situaciones, opinión que ha compartido la directora de los Servicios Territoriales de Interior de Lleida, Montserrat Messeguer.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno del Estado ha apuntado que la Brigada Provincial de Policía Judicial investigó en 2016 un total de 96 delitos en la ciudad, un 42,51% menos en relación a los 167 delitos investigados en 2015, y detuvo a 161 personas, un 30,3% menos que en 2015, con un total de detenidos por las diferentes Unidades de la Policía Nacional de 281.

Este cuerpo de Seguridad tramitó el año 2016 un total de 26 expulsiones de ciudadanos de origen extranjero, un 29,73% menos en comparación al año 2015, en que se contabilizaron 37 expulsiones.

En 2016, la Policía Nacional llevó a cabo diez controles conjuntos con Mossos y Guardia Urbana de Lleida, y la Guardia Civil 189 inspecciones conjuntas con la Guardia Urbana de Lleida.

La Guardia Civil investigó en 2016 un total de 27 delitos y tramitó 143 infracciones administrativas en la ciudad de Lleida relacionadas con el mercado y consumo de tabacos, cuestiones medioambientales y aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, un 40,1% más que en 2015.

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