Gürtel.- La Fiscalía de Madrid contesta al TSJM que Anticorrupción tiene la competencia para seguir con la causa

  • La Fiscalía de Madrid ha contestado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la investigación de la trama corrupta destapada en la 'Operación Gürtel' debe seguir dependiendo de Anticorrupción a merced de un decreto dictado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que ordenaba que las actuaciones sigan en manos de los fiscales que hasta ahora se han ocupado de la causa, informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) La Fiscalía de Madrid ha contestado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la investigación de la trama corrupta destapada en la 'Operación Gürtel' debe seguir dependiendo de Anticorrupción a merced de un decreto dictado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que ordenaba que las actuaciones sigan en manos de los fiscales que hasta ahora se han ocupado de la causa, informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía. La respuesta del fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, se produce en contestación al requerimiento lanzado por el TSJM para que se informará sobre quién tiene la competencia en el ámbito fiscal antes de que haya un pronunciamiento sobre si se debe o no aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El pasado viernes, la Fiscalía General del Estado adelantó su previsión de pedir al TSJM y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que asuman la investigación del 'caso Gürtel' y que éste continuara dependiendo de la Fiscalía Anticorrupción, conducida por el fiscal Antonio Salinas. La competencia de Anticorrupción responde a un decreto dictado por Pumpido en el que ordenaba a este departamento que continúe con las actuaciones que han llevado a cabo desde el comienzo de la instrucción las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura. Garzón se inhibió de la causa en favor de estos dos tribunales en dos autos dictados el pasado 5 de marzo en los que aseguraba haber encontrado indicios de responsabilidad penal en cinco aforados del Partido Popular (PP), en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el secretario general de esta formación en Valencia, Ricardo Costa; el ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. AUTO DE LAS DOS SALAS La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha designado al presidente de este órgano, Francisco Javier Vieira Morante, magistrado ponente para el auto en el que se decidirá sobre la admisión o inadmisión de la inhibición planteada por el juez Baltasar Garzón. Una vez que cuente con el informe de la Fiscalía, la Sala dictará un auto en el que decida si acepta o no asumir el procedimiento y en qué términos, es decir, si se queda con la totalidad de la causa o sólo con la parte que implique a los tres aforados madrileños. El auto se dictará previsiblemente antes de la Semana Santa, según fuentes del TSJM. La Sala de lo Civil y Penal está formada por los magistrados Vieira, Emilio Fernández Castro, Antonio Pedrería y José Manuel Suárez Robledano. Según el TSJM, el nombramiento del presidente del TSJM como ponente se ha producido conforme al cumplimiento estricto de las normas de reparto. En Valencia el magistrado José Flors será el ponente del auto que establecerá si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente o no para asumir la causa, tal y como decidió la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal. UN NUEVO INSTRUCTOR Una vez aceptada la causa, los tribunales designarán a un instructor --queda excluido el presidente y el ponente del auto de admisión--, que será el que se ponga al frente de las diligencias. El instructor podrá pedir práctica de pruebas y tomar declaración a imputados y testigos. Sobre los interrogatorios ya realizados por Baltasar Garzón, podrá darlos por buenos o bien repetirlos. Los posibles recursos que se interpongan a lo largo de la instrucción podrían obligar a formar una nueva Sala al quedar contaminados sus magistrados. Uno de los principios generales del Derecho establece la imposibilidad de que el juez que instruye la causa pueda juzgar el mismo procedimiento. Las impugnaciones que se hagan serán estudiadas por uno de los magistrados de la Sala de lo Civil, lo que les contaminará para participar en la investigación. Una vez finalice la instrucción, se dictará auto de apertura de juicio oral o bien auto de archivo de la causa. Si finalmente se procesa a personas aforadas, el caso será juzgado por esta misma Sala de lo Penal y de lo Civil, de la que se excluirá al instructor.

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