La Fiscalía Anticorrupción ha tomado nota del acuerdo alcanzado por la filial suiza del HSBC con la Fiscalía Francesa por el que se ha cerrado la derivada gala del caso Falciani, la causa del confidente francoitaliano que desveló como el banco había auxiliado a miles de europeos a sacar su dinero de sus países para ocultarlo a sus respectivas haciendas. Fuentes del Ministerio Público español ven aceptable una solución como esa al caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que mantiene imputados a varios miembros de la cúpula de la entidad por un delito continuado de blanqueo de capitales.
El caso Falciani -en el que se perseguía a varios directivos del banco por hechos similares a los que indaga la Audiencia Nacional- se cerró el pasado noviembre en Francia gracias a un acuerdo del HSBC Private Bank Suisse con la Fiscalía Financiera de París. En ese "convenio judicial de interés público" el Ministerio Público galo se comprometía a cerrar la causa criminal contra el banco a cambio de que éste reconociera los hechos investigados y los delitos que se le imputaban y pagara una multa de 300 millones de euros.
En ese acuerdo, HSBC reconoció haber puesto a disposición de sus clientes franceses servicios que se utilizaron para ocultar sus haberes. Esos servicios incluían cuentas no nominativas que permitían conservar la confidencialidad del cliente, la posibilidad de que recibieran su correo en el propio banco para que no llegaran a sus domicilios y así se les identificara como beneficiarios efectivos así como otras prestaciones para que pudieran depositar su dinero en Suiza o disponer de él. HSBC proporcionó esos servicios pese a que tenía pruebas de que algunos de ellos los utilizaban para ocultar sus fondos a la administración fiscal francesa.
El banco ha reconocido que algunos de sus empleados dieron a sus clientes franceses la posibilidad de gestionar sus cuentas mediante visitas personales a Suiza o mediante el desplazamiento de su personal a Francia. Algunos de los defraudadores franceses investigados manifestaron que la propia entidad les había disuadido de regularizar su situación con Hacienda proponiéndoles un refuerzo de la opacidad de sus cuentas para reducir el riesgo de que la agencia tributaria les descubriera.
En el pacto, la entidad suiza también reconoció que aconsejó a muchos de sus depositarios franceses que transfirieran su dinero a cuentas de sociedades offshore, muchas de las cuales tenían su sede en las Islas Vírgenes Británicas o en Panamá. Todo ello con el objeto de escapar del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Suiza en 2005 que preveía someter a retenciones las rentas procedentes del ahorro. Sus empleados viajaron a Francia para ofrecer esos productos e incitar a clientes de otros bancos de la competencia a pasarse al HSBC.
El acuerdo explica cómo gracias a las revelaciones de Hervé Falciani, 8.900 defraudadores franceses fueron descubiertos. El montante que esos contribuyentes tenían en las oficinas suizas del HSBC en Ginebra, Lugano y Zurich ha sido cuantificado por la fiscalía en, al menos, 6.000 millones de euros. Todos esos datos le valieron una acusación por los delitos de captación bancaria ilícita y blanqueo de capitales procedente del fraude fiscal, delitos que el HSBC ha confesado haber cometido.
Los hechos que el banco ha admitido en Francia son muy similares a los que investiga en España el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Pero en España, un acuerdo con el HSBC se enfrentaría a mayores dificultades. Mientras que la legislación francesa permite eludir mediante este tipo de pactos las responsabilidades penales, la española solo autoriza reducirlas. La entidad suiza tendría que aceptar una condena en conformidad si quisiera evitar el juicio.
Por el momento, De la Mata mantiene imputados al que era presidente del banco suizo en 2006 y 2007, Peter Widmer, así como a sus sucesivos consejeros delegados durante esos años, Clive Bannister y Christopher Meares. También a tres agentes que visitaron en España a clientes de la entidad -Beatriz Sánchez, Pierre-Alain Sigg y María Sánchez- así como al responsable del servicio jurídico y de Compliance, Didier Péclard. El juez ha solicitado a Suiza mediante comisión rogatoria que le permita tomarles declaración, aunque Berna todavía no le ha dado respuesta.
La causa española investiga además a directivos del Santander y de BNP Paribas por permitir a presuntos defraudadores españoles del HSBC operar con su dinero sin la necesidad de desplazarse a Suiza, a través de las cuentas de corresponsalía que mantenían con el banco helvético. De la Mata está pendiente de que esos bancos identifiquen a las personas que gestionaban en España esos depósitos.
Las más de 2.500 cuentas de clientes españoles del HSBC que reveló Falciani en 2008 (a través de la Hacienda francesa) a la Agencia Tributaria, permitió enviar requerimientos a 659 contribuyentes. La mayoría de los requeridos regularizaron su situación y pagaron unos 260 millones de euros (200 los abonó la familia Botín) y solo unas decenas decidieron defenderse en los tribunales.
La posterior colaboración del informático con Anticorrupción permitió abrir un nuevo caso contra la entidad que permitió ese enorme y masivo fraude fiscal. Ahora tiene la oportunidad de cerrar este capítulo nefasto en España y terminar así con el tremendo lastre a su reputación que le ha causado.
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