El Gobierno sigue recabando datos para disolver ayuntamientos de ANV mientras trabaja en reformar el artículo 61

  • La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que el Gobierno sigue recabando datos para ver si es posible disolver los ayuntamientos gobernados por ANV en virtud del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local y, en paralelo, está estudiando con otros partidos una reforma de este artículo para que las organizaciones políticas ilegalizadas no puedan gobernar.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que el Gobierno sigue recabando datos para ver si es posible disolver los ayuntamientos gobernados por ANV en virtud del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local y, en paralelo, está estudiando con otros partidos una reforma de este artículo para que las organizaciones políticas ilegalizadas no puedan gobernar. "No hemos descartado nunca la aplicación del artículo 61, lo que pasa es que la aplicación del artículo 61 de la ley nos exige la acreditación de hechos que se están permanentemente estudiando", afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El artículo 61 de la Ley faculta al gobierno a disolver los ayuntamientos cuya gestión sea "gravemente dañosa para los intereses generales", incluyendo el apoyo expreso o tácito al terrorismo y el menosprecio a sus víctimas. En este sentido, la vicepresidenta aseguró en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están "recabando datos por si se dan los supuestos y en cuanto se den los supuestos se actuará", pero insistió en que "se plantean dificultades" para establecer una "correlación" de hechos que se ajuste a los supuestos de la ley. En cuanto a la reforma de la Ley de Bases que anunció el Gobierno para impedir que los miembros de los partidos ilegalizados puedan gobernar, De la Vega dijo que se trabaja en una reforma del propio artículo 61 aunque "todavía no se ha llegado a un texto definitivo" para que una formación ilegalizada no pueda "utilizar las instituciones". "Con la legislación actual hay dificultad y estamos estudiando con las demás fuerzas políticas una reforma que lo impida". remachó.

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