Familiares se retiran del juicio a Fujimori en rechazo al abogado y a las agresiones

  • Lima, 19 feb (EFE).- Los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta dejarán de asistir a la sala donde se juzga al ex presidente peruano Alberto Fujimori en rechazo al abogado defensor y tras denunciar que han sido atacados por seguidores del ex gobernante.

Lima, 19 feb (EFE).- Los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta dejarán de asistir a la sala donde se juzga al ex presidente peruano Alberto Fujimori en rechazo al abogado defensor y tras denunciar que han sido atacados por seguidores del ex gobernante.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) comunicó hoy, en una nota de prensa, que los familiares consideran que el abogado de Fujimori, César Nakasaki, y los seguidores del ex mandatario, tienen una posición "ofensiva y provocadora".

"Hemos decidido no asistir a las audiencias mientras dure el alegato de Nakasaki, porque es una ofensa a la memoria de nuestros familiares y a nuestra propia dignidad, el pensar que todo es parte de un juicio político o mediático", declaró Gisela Ortíz, la principal representante de los familiares.

Nakasaki ha dicho esta semana, durante el alegato de defensa, que a Fujimori "no lo juzgan por actos aislados, sino por su política antisubversiva" y consideró que su defendido es víctima de "un juicio mediático".

Esta opinión fue rechazada el pasado miércoles por el presidente del Poder Judicial peruano, el magistrado Javier Villa Stein, quien señaló que los jueces impondrán una sentencia jurídica y no política.

Ortíz, hermana de Enrique Ortíz, uno de los estudiantes de la universidad de La Cantuta asesinados en 1992, señaló hoy al respecto, que los familiares no siguen "ningún discurso ni objetivo político".

"No se puede justificar la muerte de nuestros seres queridos diciendo que fueron parte del costo social para salvar a 22 millones de peruanos. Por ello, optamos por este gesto de rechazo a la forma como está presentando su alegato", dijo.

Según Aprodeh, al término de la audiencia del miércoles, Ortiz y otros familiares de las víctimas sufrieron agresiones verbales por parte de un grupo de seguidores de Fujimori.

El organismo denunció que los fujimoristas llegaron a Lima traídos desde el distrito de Pomalca, en el departamento norteño de Lambayeque, por el congresista Alejandro Aguinaga, el médico personal del ex mandatario.

La abogada Gloria Cano, una de las representantes civiles en el juicio, afirmó que Nakasaki "trata de victimizarse" con sus argumentos y se defiende "ante una posible condena, culpando de ello a los medios".

Cano explicó que "esta estrategia tiene que ver también con los ataques verbales a los familiares por parte de los seguidores de Fujimori, que buscan provocar y generar incidentes".

"Es decir, no solo tenemos dentro la sala al abogado tratando de provocar, sino también fuera de la sala y, por último, en los exteriores, los fujimoristas tratan de generar altercados para luego presentarse ellos como víctimas", declaró.

La abogada manifestó su respeto por la decisión de los familiares de las víctimas y agregó que esa decisión "es saludable porque siempre termina siendo doloroso para ellos recibir comentarios que agredan la memoria de sus seres queridos".

"Exigimos también que se apliquen las mismas reglas de seguridad y disciplina dentro de la sala tanto para los familiares de las víctimas, a quienes se les exige cumplirlas, como a los congresistas y simpatizantes de Fujimori", enfatizó.

El ex presidente (1990-2000) es procesado por varios delitos de lesa humanidad a raíz de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron 25 personas en 1991 y 1992, y por el secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" de 1992.

Nakazaki ha anunciado que continuará con su alegato al menos seis sesiones más del juicio, hasta el 4 de marzo aproximadamente, luego del cual vendrá la participación del acusado.

La Fiscalía acusa a Fujimori de ser el "autor mediato", es decir, de haberse valido del aparato del Estado para cometer esos crímenes, y pide que se le sentencia a 30 años de cárcel.

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