El Gobierno sigue apostando por dialogar con todos pese al último órdago catalán

El Gobierno actuará con "calma" ante el órdago que han planteado este lunes JxS y la CUP dando a conocer los detalles de la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República catalana. Fuentes de Moncloa afirman a Lainformacion.com que no se va a producir ningún movimiento, al menos de momento. Tampoco habrá reacción del Gobierno cuando se registre la ley. El paso decisivo, apuntan, se dará cuando la Mesa del Parlament califique la misma.

En el Ejecutivo de Rajoy se hacía referencia este lunes la presentación de la Ley de Transitoriedad como el "enésimo anuncio". Es un término que viene repitiendo una y otra vez el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y que se aplica para este caso también. "El Gobierno no va a entrar en provocaciones, lo único que sabemos es que esa ley no va a entrar en vigor", añaden desde Moncloa sin precisar qué decisiones se tomarán.

"El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir las leyes", redundan en el Gobierno, donde insisten en que las decisiones que está tomando JxS obedecen a la influencia de un grupo de radicales que les están manejando, en referencia a la CUP.

A estas alturas, cuando quedan 32 días para el anunciado referéndum, desde el Gobierno de Rajoy se sigue insistiendo en el "diálogo" y la "mano tendida" a todos para negociar prácticamente todo, excepto incumplir la ley. El propio presidente mantuvo este mismo lunes una conversación con Pedro Sánchez, que le llamó tras conocer los detalles de la ley de desconexión. Acordaron continuar trabajando juntos en "un frente común" para hacer frente a los independentistas. Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, se encargó de de hablar con José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, sobre el mismo asunto. Dos opciones sobre la mesa cuando se califique la Ley

Solo hay un detalle decidido: "Hasta que la Mesa del Parlament no califique la Ley [de Transitoriedad] no habrá recurso", indican las mismas fuentes gubernamentales. Es decir, ese será el momento clave en el que el Gobierno, por un lado, pasaría por solicitar un informe preceptivo al Consejo de Estado para, a continuación, presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que, si lo admite a trámite, suspendería cautelarmente la Ley de Referéndum (artículo 161.2 de la Constitución). La suspensión debería ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. 

Por otra parte, en ese momento en el que la Mesa del Parlament califique la Ley de Transitoriedad, el TC actuaría de oficio y se convertiría en el auténtico brazo ejecutor del Gobierno. La ley lo permite desde 2015. Ese año, el Gobierno del PP que contaba con mayoría absoluta reformó la Ley Orgánica del TC para establecer que "si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes". Es decir, el propio TC podría entender que la Ley de Referéndum catalán incumple el auto que anulaba la famosa Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, y que suponía el inicio a la hoja de ruta independentista. Así, anularía a iniciativa propia la citada Ley y, además, podría iniciar la vía penal, tal y como se contempla en la misma reforma de la Ley Orgánica del TC: "En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas". Multas, suspensión de funciones y responsabilidad penalEl Tribunal Constitucional, por tanto, podría actuar de oficio y llegar a imponer las siguientes medidas si "apreciase incumplimiento total o parcial de su resolución": multa coercitiva de 3.000 a 30.000 eurosa las autoridades, empleados públicos o particulares, suspensión de funciones, ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales e, incluso, deducir testimonio para exigirles responsabilidad penal. Este mecanismo ya ha sido utilizado por el TC con anterioridad. Cuando Carme Forcadell, presidenta del Parlament, permitió que se votarán las conclusiones de la llamada comisión de estudio del proceso constituyente, el Constitucional puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y el Ministerio público acabó querellándose contra Forcadell. Esta misma vía, por tanto, podría repetirse en los próximos días contra Puigdemont, Junqueras y demás cargos del Govern y del Parlament, incluida su presidenta.