La tensión entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat crece con el transcurso de los días. Con el 1-O a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo pretende abortar de raíz los próximos pasos anunciados por el Gobierno catalán para lograr la independencia.
Los dos siguientes hitos de la hoja de ruta de los soberanistas son las leyes del referéndum y de transitoriedad que el Parlament tiene previsto abordar en los próximos días. El objetivo del Gobierno central es lograr la suspensión de la admisión a trámite de ambas normas en la Cámara catalana. En caso de que ese primer paso se paralice, la posible tramitación y votación posterior de ambos textos quedaría formalmente anulada.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado la predisposición de Rajoy para presidir tres consejos de ministros a lo largo de esta semana (dos extraordinarios y el ordinario del viernes) según se desarrollen los acontecimientos en el Parlament.
El Gobierno espera el primer acto que dé trámite a ambas normas para dar instrucciones a la Abogacía del Estado, el organismo que tendría que impugnarlo ante el Tribunal Constitucional. Los magistrados tienen previsto celebrar el pleno ordinario del mes de septiembre a lo largo del miércoles y el jueves. En el orden del día no hay ningún asunto relativo al referéndum independentista, pero fuentes de ese órgano no descartan que puedan abordarlo si les llega el recurso.
Hasta el momento, el sistema utilizado para lograr la paralización de decisiones de la presidencia y la Mesa del Parlament ha sido el incidente de ejecución de sentencia. Ese fue el sistema por el que optó el Gobierno cuando la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, decidió desobedecer la orden del Constitucional de no dar un paso más en el ‘procés' y tramitó las conclusiones de la comisión soberanista que fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara.
El alto tribunal suspendió en agosto del año pasado la resolución y, meses después, trasladó el caso a Fiscalía, que denunció a Forcadell por desobedencia y prevaricación. Esa sería la vía más directa según expertos constitucionalistas consultados.
Mediante ese procedimiento, el Constitucional conseguiría anular formalmente todos los trámites posteriores tendentes a la aprobación de ambas leyes. Aunque los grupos soberanistas -Junts pel Sí, ERC y CUP- decidieran seguir adelante con la tramitación de esas dos normas, todos esos actos serían nulos de raíz. La mera presentación del incidente por la Abogacía del Estado supondría la suspensión del proceso de aprobación hasta que hubiera decisión definitiva, con lo que todos los debates y votaciones posteriores al respecto serían nulos de pleno derecho.
Las fuentes consultadas creen que tanto la admisión a trámite de esa impugnación del Gobierno (que supondría la suspensión de la tramitación de los textos legales) como su resolución definitiva saldrán adelante en el Constitucional por unanimidad. Los magistrados parecen más divididos en cuanto a los pasos posteriores que puedan dar los grupos parlamentarios soberanistas, mayoritarios en el Parlament. Medidas coercitivas
La última reforma de la Ley Orgánica del alto tribunal sacada adelante por el anterior gobierno de Rajoy dotó a ese órgano de medidas coercitivas para imponer el cumplimiento de sus resoluciones. Esas medidas van desde una multa hasta la suspensión de funciones de las autoridades que le hayan desobedecido o la denuncia de estas ante el Ministerio Fiscal.
Hasta el momento los magistrados sólo han recurrido a esta última en el caso de Forcadell. El Ministerio Público se querelló contra ella el pasado 19 de octubre por desobediencia y prevaricación al apreciar un “total desprecio" a la Constitución por permitir la votación en el Parlament de las conclusiones de la llamada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.
En caso de que Forcadell o los miembros de la Mesa vuelvan a desobedecer, se arriesgarían a medidas más severas, como la suspensión temporal “durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”, como establece la ley que regula el funcionamiento del Constitucional.
Los magistrados se encuentran a la espera de acontecimientos, pero fuentes cercanas a ese órgano, creen que, una vez llegados a este punto, la decisión saldría adelante sólo con los votos del sector conservador.
El incidente de ejecución de sentencia, el mecanismo al que previsiblemente recurrirá el Ejecutivo, supone una solicitud al tribunal para que ordene que una de sus sentencias se cumpla.
En todos los incidentes de este tipo presentados hasta ahora, la resolución incumplida por el independentismo catalán fue la que anuló por inconstitucional la primera declaración soberanista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015. Esa declaración fue la que dio inicio al “proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República” y llamó al Gobierno catalán a desobedecer al Constitucional.
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