Domingo, 22.10.2017 - 07:09 h

Operación en Girona por la gestión del agua mientras Puigdemont fue alcalde

La Guardia Civil ha requerido documentación al Ayuntamiento y ha registrado la sede de Aigües de Girona, otras dos empresas y un despacho de abogados.

El caso se inició por la denuncia de dos concejales de la CUP: el supuesto fraude comenzó antes de la llegada del President a la alcaldía, pero éste lo habría consentido.

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La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Girona por la pieza del 3% que apunta a Puigdemont

En plena crisis de Estado por el referéndum independentista convocado por el president de la Generalitat, la Guardia Civil se ha plantado esta mañana en el Ayuntamiento de Girona para requerir documentación sobre la derivada del caso 3% que apunta directamente a Carles Puigdemont, el anterior alcalde de la capital. Se trata del caso Aguas de Girona, un presunto fraude en esa suministradora denunciado por la CUP que habría causado un perjuicio cercano a 10 millones de euros. La operación la dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Girona y la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes también han entrado en la sede de la empresa que da nombre al caso (Aigues de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Agissa) y en Prodaisa (Proveiments d’Aigua SA), una participada de Girona SA, principal accionista de Agissa junto a los tres ayuntamientos a los que provee. La Guardia Civil también ha registrado la sede de Girona SA y un despacho de abogados.

La supuesta estafa millonaria habría comenzado a perpetrarse años antes de la llegada de Puigdemont a la alcaldía, pero durante su mandato en ese municipio, el actual presidente catalán lo habría consentido. De hecho, Puigdemont fue presidente de la empresa mixta entre 2011 y 2013, según el Registro Mercantil. Luego, permaneció como consejero hasta 2016.

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La dinámica del fraude se recoge en un informe de Hacienda aportado al caso 3% el pasado marzo. Ese documento, adelantado por ‘El Español’, considera que sus presuntos responsables se encontrarían en los gobiernos locales de los tres ayuntamientos suministrados (Girona, Salt y Sarria de Ter). El capital social de Agissa está en manos de esos tres municipios y de la empresa privada Girona SA, propiedad de Caixabank, FCC y Aguas de Barcelona.

Agissa, según Hacienda, habría falseado sus cuentas para favorecer a su socio mayoritario (Girona SA, 80% de las acciones) con el presunto conocimiento de los responsables municipales. Puigdemont fue alcalde de Girona entre 2011 y 2016 por Convergència i Unió (CiU). Las supuestas irregularidades se paralizaron en 2013, cuando comenzaron a salir en prensa. En total, la cantidad defraudada ascendería a unos 10 millones de euros.

El sistema era un reparto del dividendo irregular. En lugar de que Girona SA y los tres ayuntamientos se repartieran los beneficios generados por su explotación, cobraban en función del margen bruto de negocio, es decir, de los ingresos que obtenía sin descontar los gastos que originaba la propia actividad de la compañía. Y la gran beneficiada era Girona SA, la empresa privada que acapara el 80% de las acciones.

Si ese reparto de dividendos hubiera sido correcto, Agissa habría tenido beneficios. Sin embargo, la compañía de aguas no paró de acumular pérdidas desde que se puso en marcha el fraude, según la Agencia Tributaria, no tiene ningún sentido económico. Tan poco sentido que sería difícil mantener que los responsables municipales de las tres localidades no tuvieran conocimiento de ello.

Al final, los principales perjudicados por esta dinámica irregular son los propios ciudadanos de los tres municipios que, según Hacienda, habrían podido gozar de una rebaja en el recibo del agua de no existir el fraude. El caso se lleva en un juzgado de Girona. Los denunciantes son dos concejales de esa capital -Lluc Salellas y Laia Pèlach- pertenecientes a la CUP, la formación que, junto a Puigdemont, ha lanzado el referéndum independentista del 1-O.

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