Lunes de órdago en Cataluña. Junts pel Sí y la CUP han dado a conocer los detalles de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, más conocida como "ley de desconexión". Consta de 89 artículos y 3 disposiciones adicionales y se aprobará antes del 1 de octubre. En ella se contempla quién será el jefe del Estado, cómo adquirir la nacionalidad catalana, cuáles son las lenguas cooficiales... Todo ello hasta unas elecciones constituyentes.
Uno de los detalles de la Ley es que decreta una amnistía para todos aquellos cargos políticos condenados por los tribunales españoles en procesos relacionados con la independencia de Cataluña. Esto quiere decir que Artur Mas sería amnistiado, así como Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. "No se amnistía la corrupción", han querido dejar claro sus promotores. Además, el Ejército español dejaría de tener competencias en Cataluña.
La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República será la "ley suprema" de Cataluña hasta la aprobación de una nueva Constitución. El jefe del Estado sería el presidente de la Generalitat y las decisiones del Consejo de Garantías Estatutarias serían vinculantes. El Tribunal Constitucional no tendría jurisdicción y quedaría anulado en Cataluña, de modo que el Tribunal Supremo se configuraría a partir del actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Supremo se constituiría cinco días después de la entrada en vigor de la Ley y los jueces, magistrados y letrados podrían elegir si continúan enrocados en la administración catalana o se marchan.
La nacionalidad catalana se otorgaría de origen a los nacidos en Cataluña. También la tendrían los residentes. Se exigirían cinco años de residencia para poder convertirse en ciudadano catalán. Su adquisición no exigiría renuncia previa a otra nacionalidad. Habría tres lenguas oficiales hasta la aprobación de la Constitución: catalán, castellano y aranés. Otra novedad importante sería la separación de la fiscalía del Ejecutivo. El Fiscal General de Cataluña lo nombraría el Parlament.
La Ley de transitoriedad prevé, además, que en una Cataluña independiente se mantendrían los mismos derechos fundamentales que en la Constitución española y que el Estado catalán se consideraría sucesor del Estado español en lo referente a todos los derechos internacionales. Asimismo, una Cataluña independiente respetaría la normativa de la Unión Europea y asumiría los contratos y convenios firmados por España sobre la comunidad autónoma.
Por último, tras las elecciones constituyentes se prevé la creación de una Asamblea Constituyente, que redactaría la Constitución catalana para convocar un referéndum que deberá ratificar o no la Carta Magna.
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