Margallo irrumpe en el debate catalán y pide en su libro reformar la Constitución

José Manuel García-Margallo tenía preparada, desde su etapa en el Ministerio de Exteriores, una reforma de la Constitución que llegó a trasladar a Mariano Rajoy. Ahora, el diputado raso del PP desvela el contenido de este documento coincidiendo con el momento culmen del desafío independentista de Cataluña. Lainformacion.com ha tenido acceso a este texto en el que se contemplan siete cambios destacados en la Carta Magna.

Margallo califica de "delicada" la problemática de Cataluña y afirma que "ha de ser tratada en el contexto general de la reforma constitucional y en modo alguno puede conducir a una puesta en cuestión de principios constitucionales básicos e irrenunciables como la indivisibilidad del Estado, la soberanía nacional o la solidaridad interterritorial". La propuesta del exministro pasa por "inventar respuestas a los hechos diferenciales de las nacionalidades históricas". En concreto plantea "diseñar una Ley Oficial de Lenguas que desarrollase el artículo 3 de la Constitución, una clausula europea que definiese con claridad el papel de las comunidades autónomas en la definición y ejecución de las políticas de la Unión Europea, la conversión del Senado en una auténtica cámara territorial, la clara delimitación de competencias entre los distintos niveles de gobierno de acuerdo con el principio de subsidiariedad y un nuevo régimen de financiación autonómica inspirado en el principio de federalismo cooperativo".

Con estas medidas, afirma Margallo, podría darse un "nuevo marco constitucional renovado en el que Cataluña pudiera sentirse más cómoda, sin por ello alterar los equilibrios internos precisos en todo Estado descentralizado, se denomine federal o autonómico… o como se desee. Porque aquí también vale aquel aforismo de Fichte: 'No importa el nombre, sino la cosa'".La preferencia del varón en la sucesión al trono

Margallo distinque entre las reformas de la Constitución que necesitarían un procedimiento ordinario y otro agravado. Entre estas últimas se encuentran la ya citada sobre Cataluña, así como suprimir la preferencia del varón en la sucesión al trono. Para el diputado del PP, haría falta modificar el artículo 57.1, "eliminando sin más la referencia" o idear una "fórmula jurídica imaginativa", como por ejemplo, "incluir una nueva disposición adicional que diera pie al desarrollo por ley orgánica de preceptos constitucionales con necesidad de ser interpretados conforme a obligaciones internacionales asumidas mediante tratadas".

Para el exministro, no es necesario "tocar la formulación del artículo sobre la inviolabilidad del Monarca, ya que la interpretación conjunta de este precepto con el resto de la Constitución y con los tratados internacionales celebrados por España conduce a una salida razonablemente consecuente. Cuestión diferente es, a su vez, si resulta realmente conveniente que la institución de la Corona sea regulada en una Ley Orgánica", apunta.Afirma que no es necesario "tocar la formulación del artículo sobre la inviolabilidad del Monarca"

Otra propuesta de Margallo, ya dentro de la reforma constitucional que necesitaría un procedimiento ordinario, pasa por introducir en la Carta Magna una "referencia expresa a la participación de España en el proceso de integración europea". Existen, a su modo de ver, diversas opciones: referencia general en el título preliminar y regulación en el capítulo del Título III sobre las Cortes Generales dedicado a los tratados internacionales (artículo 93 a 96). O bien incluirlo en el título VIII al regular la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la Unión. Para él, lo más operativo es ubicar esta referencia en el artículo 93.García-Margallo también considera "imprescindible" una referencia en nuestra Constitución "a la regulación del procedimiento de prestación del consentimiento para la ratificación de los tratados constitutivos (y sus reformas), incluir los principios básicos para la aplicación en España del Derecho de la Unión y mencionar las funciones del juez ordinario como juez europeo". Y añade: "Si consideramos el potencial clarificador que podría tener esta cláusula, podría resultar conveniente aprovechar la ocasión para aludir también a la participación de las Comunidades Autónomas en las cuestiones europeas; a mayor abundamiento, descendiendo a un escalón ya meramente técnico-jurídico pero igualmente relevante, sería aconsejable la inclusión añadida de los principios de responsabilidad (del Estado y de las Comunidades Autónomas) por la ejecución del Derecho de la Unión y, sobre todo, del importante principio de subsidiaridad, regulado en el artículo 5.3 TUE".El modelo de Senado por el que apuesta Margallo

La reforma del Senado también es otro aspecto que Margallo abordaría en una reforma constitucional. Para él la Cámara Alta "es un duplicado del Congreso de los Diputados pero subordinado a aquél y sin aportar ningún elemento de mejora al Estado autonómico". Su apuesta es convertir el Senado "en una verdadera cámara territorial". ¿Cómo? Que los senador sean designados "en su totalidad por los parlamentos autonómicos (y Asamblea de las Ciudades Autónomas) mediante un sistema mayoritario, con voto limitado. De este modo se lograría un Senado de designación parlamentaria regional (y de los gobiernos autonómicos) y se fijaría un mínimo de cinco senadores por cada Comunidad Autónoma y se añadiría uno más por provincia en el caso de las Comunidades pluriprovinciales —serían dos en el caso de Canarias para acoger la especificidad propia— y otro más por cada millón de habitantes; Ceuta y Melilla mantendrían los dos senadores que le corresponden actualmente a cada una".

El Senado que propone Margallo "tendría 175 miembros: habría tres Comunidades Autónomas con 5 senadores (La Rioja, Cantabria y Navarra), otras tres con seis (Balares, Asturias y Murcia), una con 8 (Extremadura) y otra con 9 (Aragón), tres con 11 (Canarias, Galicia y Madrid), una con 13 (Valencia) dos con 16 (Cataluña y Castilla y León) y finalmente otra con 21 (Andalucía)". El exministro de Exteriores explica que "se trataría, pues, de un Senado inspirado –siquiera lejanamente- en el modelo federal alemán, pero matizado con el mantenimiento de la provincia como criterio añadido al poblacional y sustituyendo la representación de los gobiernos por una representación de los parlamentos autonómicos. Con ello, se lograría además una cierta reducción de su número de miembros, ya que pasarían de los 266 actuales a 175".Propone convertir el Senado "en una verdadera cámara territorial" con 175 parlamentarios

Margallo también eliminaría del Senado "la confianza que sustenta al Gobierno" de forma que quedaría limitada solo al Congreso. Así, "el Senado no debería poder ser disuelto por el Presidente del Gobierno (artículo 115) ni quedaría automáticamente disuelto en el caso de imposibilidad de constituir la relación de confianza (artículo 99.5). La (novedosa) experiencia política por la que hemos atravesado en España durante 2016 muestra que esta cuestión está lejos de ser meramente académica", apunta.

La sexta reforma que plantea García-Margallo pasa por una reforma del título VIII (organización territorial del Estado) en la que propone seis cambios: precisar el reparto de competencias en materia de administración local, introducir el concepto de "lealtad autonómica" y mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas y Estado, incluir referencia expresa al nombre de las autonomías, incorporar el recurso previo de inconstitucionalidad de las leyes de reforma de los Estatutos de Autonomía antes de la celebración del referéndum, introducir el concepto de "corresponsabilidad fiscal" y "un nuevo sistema de reparto de recursos con las autonomías, y, por último, incluir una "referencia expresa al principio de subsidiariedad que permitiera no olvidar la autonomía local, garantizar su financiación y evitar duplicidades en la prestación de servicios".

Margallo propone la necesidad de "mantener los principios generales de autonomía financiera de las comunidades autónomas (artículo 156.1) y solidaridad interterritorial (artículo 158.2), pero completarlos con los principios de corresponsabilidad fiscal y un nuevo sistema de reparto de recursos con las autonomías (reforma de los artículos 133.1 y 157). El Estado se reservaría los impuestos que afecten al mercado o vengan indirectamente exigidos, por obligaciones derivadas de la pertenencia al mercado único de la UE (IVA e impuesto de sociedades). El resto corresponderían a las comunidades autónomas (IRPF, Patrimonio, precios públicos, etc.)".

El exministro plantea una séptima reforma que consiste en acabar con "las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, quinta, sexta, séptima y octava que afectan respectivamente al régimen provisional de autonomía, transitoriedad en materia de mayoría de edad en los regímenes forales, retraso de la iniciativa de las corporaciones locales en el proceso autonómico hasta la celebración de las elecciones locales posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, posibilidad de constitución de Ceuta y Melilla como Comunidades Autónomas, fijación del orden de entrada de los proyectos de Estatuto de Autonomía, disolución de los órganos autonómicos provisionales y régimen de las Cámaras que aprobaron la Constitución".

Todas estas propuestas se encuentran incluidas en el libro 'Por una convivencia democrática' que sale a la venta este jueves. El exminsitro ha contado con la colaboración de Josep Piqué, que escribe el prólogo, y de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se encarga del epílogo.