El Parlament ya ha aprobado su órdago al Estado español. Con el voto afirmativo de los diputados de Junts pel Sí y la CUP, la cámara autonómica ha dado el visto bueno a la Ley de Referéndum tras un bronco debate que ha durado casi 12 horas. La votación se ha producido después de la movilización en bloque del Gobierno y del Tribunal Constitucional para frenar el desafío.
La Ley de Referéndum ha salido adelante por 72 votos a favor y 11 abstenciones. Ciudadanos, PSC y PP han abandonado el hemiciclo en el momento de la votación final. El sí se ha dado a las 21:32 de este 6 de septiembre. Los diputados presentes cantaron 'Els segadors' nada más conocerse el resultado.
El Gobierno central, por su parte, celebrará este jueves un Consejo de Ministros extraordinario del que saldrá el recurso de inconstitucionalidad que paralizaría la Ley de Referéndum si el Tribunal Constitucional lo admite a trámite. Rajoy se reunirá también este jueves con Pedro Sánchez, a las 12 de la mañana, y con Albert Rivera, a las 17:30.
En la noche de este mismo miércoles el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha firmado junto a todos sus consejeros el decreto que convoca el referéndum del 1 de octubre. Mientras, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha anunciado una moción de censura en la que intentará recavar apoyos de diputados de JxS dispuestos a encontrar una solución negociada y no unilateral.El Gobierno y el TC se movilizan
La primera ley de ruptura con España se ha aprobado después de que Mariano Rajoy presentara por la tarde ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia para anular la Ley de Referéndum. Lo hizo después de que la Mesa del Parlament tramitara la misma, según explican a Lainformacion.com fuentes del Ejecutivo.
El movimiento del Gobierno se produjo después de la admisión a trámite por la Mesa del Parlament de la citada Ley de Referéndum. El Ejecutivo estima en su incidente de ejecución que se trata de un incumplimiento de la sentencia del TC 259/2015 de 2 de diciembre, así como de sucesivos autos, y pide al Constitucional que ejecute la misma.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en una rueda de prensa que el incidente se ha presentado por vulnerarse las sentencias y autos del TC, especialmente la de febrero de este año que establecía "con absoluta claridad" la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista.
Santamaría denunció también el "bochornante" espectáculo que se ha vivido hoy en el Parlamento catalán para cualquier demócrata. Aseguró que no había pasado más vergüenza ajena en su vida ante el "acto de fuerza contrario a la democracia" y a los derechos de los parlamentarios, de los catalanes y de las competencias de los funcionarios.
"Están dispuestos a atropellar a todos los catalanes con tal de imponer sus ideas. Hemos vivido una patada a la democracia. Han demostrado que no tienen respeto ni a Cataluña ni a los catalanes", criticó.
En el Gobierno están preparados para el citado Consejos de Ministros extraordinario. Todos los ministros han permanecido en Madrid (solo Alfonso Dastis se encuentra en Cuba). El Consejo de Estado también ha estado en alerta para este jueves elevar al Gobierno el informe necesario para impugnar el texto.Todos los actos serían nulos de raíz
Tal y como contó Lainformacion.com, el Gobierno se encontraba a la espera el primer movimiento del Parlament para dar las debidas instrucciones a la cadena judicial: desde la Abogacía del Estado hasta el TC. Hasta el momento, el sistema utilizado para lograr la paralización de decisiones de la presidencia y la Mesa del Parlament ha sido el incidente de ejecución de sentencia. Ese fue el método por el que optó el Gobierno cuando la presidenta, Carme Forcadell, decidió desobedecer la orden del Constitucional de no dar un paso más en el ‘procés' y tramitó las conclusiones de la comisión soberanista que fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara. El alto tribunal suspendió en agosto del año pasado la resolución y, meses después, trasladó el caso a Fiscalía, que denunció a Forcadell por desobedencia y prevaricación. Mediante ese procedimiento, el Constitucional conseguiría anular formalmente todos los trámites posteriores tendentes a la aprobación de ambas leyes. Aunque los grupos soberanistas -Junts pel Sí, ERC y CUP- decidieran seguir adelante con la tramitación de esas dos normas, todos esos actos serían nulos de raíz. La mera presentación del incidente por la Abogacía del Estado supondría la suspensión del proceso de aprobación hasta que hubiera decisión definitiva, con lo que todos los debates y votaciones posteriores al respecto serían nulos de pleno derecho.Las fuentes consultadas creen que tanto la admisión a trámite de esa impugnación del Gobierno (que supondría la suspensión de la tramitación de los textos legales) como su resolución definitiva saldrán adelante en el Constitucional por unanimidad. Los magistrados parecen más divididos en cuanto a los pasos posteriores que puedan dar los grupos parlamentarios soberanistas, mayoritarios en el Parlament.
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