El Gobierno de Mariano Rajoy está preparado para un mes de septiembre de infarto en Cataluña. Si los independentistas van subiendo el diapasón habrá respuesta desde Moncloa de manera inmediata. No puede ser de otra forma ya que los plazos son muy limitados. Lo que no está descartado es aplicar el artículo 155 de la Constitución. Fuentes de Presidencia del Gobierno consultadas por Lainformacion.com desmienten así que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijera que no se echará mano de este artículo para solucionar el conflicto catalán.
Estas fuentes presidenciales aseguran que hubo una interpretación errónea de las palabras de Hernando. Aseguran, por tanto, que la aplicación del 155 sigue encima de la mesa. En Moncloa dejan claro, además, que este artículo constitucional es tan amplio que ofrece un gran abanico de posibilidades para frenar el órdago de Puigdemont y Junqueras.
Una de ellas podría ser el precintar colegios electorales o retirar competencias a la consejería de Educación para abrir los colegios. Las opciones, explican desde el Gobierno, son múltiples, ya que el 155 de la Carta Magna habla únicamente de "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Habría, por tanto, soluciones intermedias o soluciones extremas, dependiendo de la gravedad de los pasos que vaya dando la Generalitat.Primero actuará el Tribunal Constitucional
En cualquier caso, la primera respuesta que está preparando el Gobierno es la de presentar el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional nada más tramitarse en el Parlament la llamada Ley de Referéndum que este miércoles ha sido postergada. El Ejecutivo central cuenta con que el TC ejerza de 'brazo armado' y, además de anular inmediatamente la resolución de la cámara catalana (artículo 161.2 de la Constitución), actúe de oficio.
La ley lo permite desde 2015. Ese año, el Gobierno del PP que contaba con mayoría absoluta reformó la Ley Orgánica del TC para establecer que "si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes".
Es decir, el propio TC podría entender que la Ley de Referéndum catalán incumple el auto que anulaba la famosa Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, y que suponía el inicio a la hoja de ruta independentista.
Así, anularía a iniciativa propia la citada Ley y, además, podría iniciar la vía penal, tal y como se contempla en la misma reforma de la Ley Orgánica del TC: "En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por un plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas".
Este escenario es contemplado por el Gobierno, indican fuentes de Moncloa, y supondría la posibilidad de imponer multas coercitivas, suspender de funciones a los cargos públicos e, incluso, exigirles responsabilidad penal.El informe Catalá
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó a principios de año un informe a Rajoy en el que, sirviéndose de los especialistas del Ministerio, se desgranan cuáles eran las posibilidades que tenía el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
En ese documento, que lleva encima de la mesa del Presidente más de seis meses, se contempla qué herramientas legales tiene el Gobierno en su mano para frenar el referéndum ilegal. En un primer momento, fuentes del entorno de Rajoy se mostraron cautelosos y reconocieron su "escasa disposición" a aplicar el artículo 155. Aseguraban que el Gobierno no daría ningún paso en falso ni tomaría decisiones que pudieran ser interpretadas como negativas.
En este momento, sin embargo, el Gobierno no descarta nada. Hablan eso sí de "proporcionalidad" y de "defensa de la legalidad".
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