Finalmente Sonia Castedo se sentará en el banquillo por el caso Brugal. No lo hará sola, ya que su antecesor como alcalde de la ciudad de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz también han sido llamados a declarar por El Juzgado de Instrucción 5 de Alicante en relación a la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto amaño en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Se les acusa de diversos delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. El auto afirma que los dos políticos dejaron a Ortiz decidir cómo tenía que ser el mapa urbanístico de la ciudad valenciana.
Supuestamente se confabularon con el constructor a cambio de sobornos, como pagos en efectivos y vacaciones en el extranjero. El magistrado que dirige el caso, el juez Manrique Tejada, cierra así siete años de instrucción.Siete años de investigación
También se procesa por asesoramiento ilegal, información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho al hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo. Además, figuran otros seis procesados. El juez instructor, no obstante, ha decidido sobreseer la causa respecto a la esposa de Ortiz, Manuela Carratalá.
La causa arrancó en julio de 2010 como pieza separada del caso Brugal que investigaba el presunto amaño del tratamiento de residuos en la Vega Baja. De las conversaciones intervenidas por la Policía, se desgajó esta pieza relativa a la tramitación del Plan General de Alicante.
El magistrado señala en el auto que para llegar a la convicción de la existencia de indicios de delito se ha tenido en cuenta tanto las conversaciones como las numerosas diligencias practicadas y la "profusa documentación unida a las actuaciones y los múltiples informes obrantes".
La causa fue enviada al TSJCV en 2012 por el aforamiento de Alperi y Castedo, como diputados autonómicos, y regresó a los juzgados de Instrucción de Alicante ante la pérdida de esa condición de ambos en 2014.
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