Gracias a su testimonio y el de otros dos cargos de la empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (ahora Transición Ecológica) se inició el caso Acuamed que investiga la Audiencia Nacional. Fue Gracia Ballesteros, exdirectora territorial para Cataluña y el Júcar de la sociedad estatal de gestión del agua, la que puso en conocimiento del extitular del Juzgado Central 6 de ese tribunal, Eloy Velasco, y la Fiscalía Anticorrupción las enormes presiones que recibía de sus superiores para beneficiar a determinados contratistas. Su negativa a cometer esas irregularidades supusieron su degradación y posterior despido. Pese a haber sido declarado nulo en dos ocasiones, la compañía, todavía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, volvió a intentar que la justicia lo avalara con un recurso al Supremo. Su Sala de lo Social, sin embargo, lo acaba de rechazar de plano.
La denuncia de Ballesteros -junto a la del ex director de Ingeniería y Construcción, Francisco Valiente, y la directora de la obra de descontaminación del embalse de Flix, Azahara Peralta- supuso el encarcelamiento preventivo durante casi cinco meses de Arcadio Mateo, el ex director general de Acuamed, que presuntamente recibía sobornos a cambio de la adjudicación a dedo de obras hidráulicas a varias constructoras. O de favorecer a otras con supuestas certificaciones de obras que, en realidad no se habían realizado. También provocó la prisión preventiva de la sustituta de Valiente en la dirección de Ingeniería, Gabriela Mañueco. Pese a ello, la denunciante fue despedida por motivos disciplinarios en julio de 2015 tras una auditoría falsa encargada por la propia compañía.
Pese a haber destapado el caso -no solo ante la Justicia, también ante los máximos responsables de la empresa, a los que acudió a contar las irregularidades- Acuamed, bajo el mandato del PP y con Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, agotó todos los recursos para intentar que el despido de Ballesteros se avalara judicialmente.
El Juzgado de lo Social 19 de Madrid lo declaró nulo y obligó a la empresa pública a readmitir a su ex gerente territorial y a indemnizarla con 90.000 euros. Acuamed recurrió esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero su Sala de lo Social desestimó el recurso al entender que la trabajadora había sido víctima de acoso laboral por parte de sus superiores.
Daño moral provocado por la empresa
Pocos días después de este segundo fracaso, la empresa de obras públicas hidráulicas investigada por corrupción presentó su recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Sin embargo, en un auto del pasado 31 de mayo, sus magistrados insisten en que "la trabajadora", es decir, Ballesteros, "había sido requerida por la dirección de la empresa para realizar una actuación ilícita, sufriendo como consecuencia de su negativa a hacerlo la amenaza implícita del despido, la relegación a un cargo de menor responsabilidad y la falta de ocupación efectiva, para ser finalmente despedida"·. Además, debido a ese proceso, padeció "un daño moral consistente en un trastorno adaptativo ansioso-depresivo", mantiene la Sala que rechaza de plano las pretensiones de Acuamed.
Fuentes del caso aseguran que Ballesteros se reincorporará a su trabajo en la empresa de aguas la próxima semana. Sin embargo, pese al cambio de Gobierno y la llegada de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, Acuamed mantiene vivo otro recurso -ante el TSJM- contra otra de las denunciantes despedidas, Azahara Peralta, la ex directora de obras de la descontaminación de Flix (Tarragona). Se trata de un caso idéntico al de Ballesteros, en el que también se declaró nulo el despido y se ordenó indemnizar a la trabajadora afectada a la que se declaró también víctima de acoso laboral. El tercer denunciante, el ex director de Ingeniería y Construcción Francisco Valiente ya se ha jubilado.
El pantano de Flix es, precisamente, una de las obras que se investigan en el caso de corrupción que instruye todavía la Audiencia Nacional. El pasado marzo, la Guardia Civil aseguró en un informe enviado al juzgado -adelantando por 'El País'- que directivos de Acuamed y de la constructora FCC pactaron dar por concluidos los trabajos de descontaminación de ese tramo del Ebro sin que se sacaran del cauce todos los lodos tóxicos para que la contratista cobrara 36,9 millones de euros. Además de FCC, entre las empresas presuntamente implicadas se encuentran Acciona, Abengoa, Sogeosa, Torrescámara, Altec y Altyum.
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