4 de junio de 2012. El Gobierno de Rajoy lleva seis meses en el cargo y aprueba la llamada amnistía fiscal, una medida para que los defraudadores de impuestos puedan regularizar su situación pagando un 10% al fisco. El objetivo del Ejecutivo era reducir un déficit público disparado en un momento extremadamente delicado para la economía española.
Ahora, el Tribunal Constitucional ha tumbado esta decisión, poniendo en la picota al titular de Hacienda, su principal impulsor. Toda la oposición apunta ahora Montoro, una pieza de caza mayor para el que el PSOE ya sugiere pedir la reprobación. La primera defensa del PP ante el hombre que tiene en la cabeza los presupuestos generales del Estado durante muchos años sonó tibia. Rafael Hernando, dijo literalmente que "debe ser él quien determine el alcance que debe tener la sentencia", aunque creo que debería seguir. La sorpresa fue generalizada, pero duró pocas horas.
Rajoy en privado dio la orden: salir en defensa de Cristóbal Montoro con un argumentario muy concreto para arropar al ministro que va a sacar adelante los Presupuestos de 2017.
Al Gobierno no le importa que las arcas públicas se hayan quedado sin unos ingresos potenciales de entre 2.800 y 7.500 millones de euros. Ni tampoco que hayan prescrito las posibles irregularidades amparadas en la medida. Lo que le importa ahora al Ejecutivo es presumir de que la aministía fiscal de Montoro contribuyó a reducir "un déficit excesivo que había dejado el anterior Gobierno socialista", explican fuentes gubernamentales. Tal cual.
"Fue una solución de emergencia tomada en una situación de emergencia", aseguran las mismas fuentes. El argumentario del Gobierno recoge que la amnistía fiscal se aprobó en un momento en que a los ministros de Rajoy no les preguntaban en Europa cómo estaba la situación en España, sino cuándo se iba a solicitar el rescate soberano. En el Ejecutivo suelen ilustrar la situación límite que se vivía con la famosa imagen en la que el entonces presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, cogió por el cuello al ministro de Economía, Luis de Guindos.
"Estábamos con el agua al cuello", se defienden desde Moncloa y, además, gracias a la amnistía y a otras medidas "conseguimos evitar el rescate". Es un argumento que se va a repetir con asiduidad en los próximos días para defender la actuación de Montoro. Una situación que, precisamente, le gusta utilizar a Rajoy en sus últimos discursos: "Tenemos que tener claro de dónde venimos; la prima de riesgo estaba en 600 puntos básicos y a ninguna comunidad autónoma le fiaban".
El Gobierno también destaca en su argumentario que gracias a la amnistía fiscal se consiguieron aflorar 40.000 millones de euros y que, a día de hoy, hay 29.000 personas que hoy tributan en España y que antes no lo hacían. La cifra es rebatida por José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado, que asegura que de esos 40.000 millones de euros sólo 1.200 acabaron en las arcas públicas, un 3% del total.
Desde el equipo de Rajoy destacan que "respetan" la decisión del Constitucional de tumbar la amnistía fiscal, pero llaman la atención de que el alto tribunal se centra en la fórmula de la medida, un decreto ley, aprobado con urgencia. El Gobierno, aseguran, podía haberla aprobado a través de un proyecto de ley, pero su tramitación se hubiera prolongado durante seis meses. Recuerdan que el PP tenía mayoría absoluta y podría haber sacado adelante la ley, pero necesitaban aprobarla con urgencia.
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