Miércoles, 13.12.2017 - 19:26 h

(AMP)Decretada apertura de juicio oral contra Louzán, su esposa y el concejal Severino Reguera por un delito de cohecho

(AMP)Decretada apertura de juicio oral contra Louzán, su esposa y el concejal Severino Reguera por un delito de cohecho

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, su esposa y el concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera por un delito de cohecho.

El auto, recogido por Europa Press, señala como órgano competente para el enjuiciamiento al Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra y emplaza a las partes para que en 15 días se personen ante el tribunal competente para el enjuiciamiento.

El proceso judicial responde a la querella presentada por el fiscal Augusto Santaló por supuesto cohecho contra el expresidente provincial del PP de Pontevedra y exdiputado provincial y concejal de Pazos de Borbén Severino Regura en relación al alquiler de unos locales comerciales a un precio superior al del mercado.

En el escrito de calificación, la Fiscalía expone que en agosto de 2008 Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP por la provincia, y su esposa adquirieron de la sociedad cooperativa Monte Alba S. Coop. Gallega tres locales comerciales en el número 23 de la calle Teixugueiras de Vigo.

En concreto, los hechos de los que le acusa tienen su origen en el año 2008, cuando Louzán y María Teresa C.F. reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras de Vigo y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.

Tras la compra, María Teresa C.F. firmó un contrato privado con la empresa Bruno Pan, de la que es administrador Severino Reguera y que tiene la sede en Ribadumia, para alquilarle sus tres locales. El contrato se firmó en 2008 por una duración de diez años prorrogable y por un precio de 3.584 euros y, según los datos de la investigación de la Fiscalía, excepto en el año 2008, en lo demás años el precio percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias.

DELITO

El fiscal aprecia un delito de cohecho cometido por el entonces presidente provincial, actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, y su esposa al alquilar los locales al grupo Bruno Pan S.L. del diputado provincial a un "precio superior" a la media de los alquileres de la misma zona, según sostiene en el escrito de acusación.

Por ello, el fiscal sostiene que "se infiere que el señor Louzán y esposa adquirieron unos locales comerciales de importante valor sabiendo desde el principio que el precio de la compra (préstamo hipotecario) iba a ser pagado por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo (Diputación Provincial de Pontevedra) y mismo partido, y cuya proyección política, no es difícil adivinar, depende de aquél".

En este sentido, la Fiscalía aprecia "un trato de favor al expresidente del organismo provincial y esposa que, en definitiva, supone el regalo en consideración al cargo del mismo de unas importantes cantidades de dinero, y finalmente y a la postre de los locales comerciales, o, incluso de la totalidad del local unificado".

Por otro lado, el fiscal afirma que las relaciones entre Louzán y Reguera "alcanzan a más actividades y conexiones que las recogidas en este escrito y que son objeto de otras investigaciones judiciales".

PENAS

La Fiscalía pide un año de prisión y un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo para Severino Reguera por un delito continuado de cohecho pasivo cometido en su etapa como diputado provincial.

Mientras, para Louzán solicita un año de cárcel, un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años y tres meses.

Para su esposa, María Teresa C.F., el fiscal pide nueve meses de prisión, nueve meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público. Además interesa el comiso de los tres locales comerciales propiedad de ambos.

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