EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA A 11 AYUNTAMIENTOS POR OBSTACULIZAR SU LABOR

El Defensor del Pueblo ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado a 11 ayuntamientos que considera que están obstaculizando su labor investigadora.
La institución que dirige Soledad Becerril ha pedido a la Fiscalía que valore si es de aplicación a estos consistorios el artículo 502.2 del Código Penal, que prevé penas de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a "la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación".
Todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, la institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, como establece la Ley Orgánica 3/1981, que regula la institución.
En el listado de ayuntamientos 'entorpecedores' figuran el de Colmenar de Oreja (Madrid), que recibió el último requerimiento de información en julio de 2015 en relación con una queja por el riesgo de desplome de un muro construido sin licencia; Cadaqués (Girona), al que el Defensor envió el tercer requerimiento de información en septiembre de 2015 por un expediente relacionado con el idioma de las indicaciones escritas que acompañan a los paneles de señalización de tráfico, y Molvízar (Granada), al que se le cursó el último requerimiento de información en junio de 2015, a raíz de una queja presentada por un ciudadano que denunció unas obras y al que el ayuntamiento no contestó.
UN AÑO SIN CONTESTAR
En la relación también figura Macael (Almería). El Defensor del Pueblo, que mantiene una actuación relativa a la falta de pago por la realización de unos trabajos, envió a este gobierno municipal por tercera vez una petición de información en octubre de 2015 que todavía no ha obtenido respuesta.
Nerja (Málaga) está en la lista porque lleva más de un año sin contestar a las peticiones de información del Defensor del Pueblo, que tiene abiertos dos expedientes por la falta de respuesta del consistorio a las solicitudes de un agente de la Policía local.
Otros consistorios que han sido señalados por el Defensor ante la Fiscalía son Mazarrón (Murcia) (suma dos expedientes sin respuesta, ambos fueron emitidos en septiembre de 2015 y se deben a incidencias con vías pecuarias y ordenación del tráfico); La Unión (Murcia) (no ha respondido al Defensor del Pueblo, después de los tres requerimientos efectuados, el último en julio de 2015, por un expediente relacionado con la falta de actuación del ayuntamiento ante el incumplimiento de la ordenanza municipal sobre recogida de excrementos de animales), y El Viso de San Juan (Toledo) (el Defensor del Pueblo mantiene dos expedientes abiertos con este municipio: uno por la falta de acceso rodado a una urbanización y otro, por no haber dado copia de las actas de los plenos municipales a un ciudadano que así lo había pedido).
La lista de ayuntamientos obstaculizadores se completa con Gerindote (Toledo) (recibió el último requerimiento en abril de 2015, en relación con una queja presentada por un ciudadano a quien dicho Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística); La Pola de Gordón (León) (el Defensor tramita una queja por la situación de los accesos a la gasolinera del Polígono de Valdespín, con un tercer requerimiento que se realizó en abril de 2015), y Barruelo de Santullán (Palencia) (no contesta desde septiembre de 2015 al Defensor, que le ha requerido hasta en tres ocasiones información sobre el mal estado de una carretera que dificulta el acceso a una vivienda)

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