La acusada, de avanzada edad y ya jubilada, ha aceptado, en la sesión celebrada este martes en el marco de la macrocausa por corrupción urbanística 'Costurero', ser autora como cooperadora necesaria de 29 delitos de prevaricación urbanística frente a los 30 atribuidos inicialmente en el escrito de acusación y la pena total de 18 meses de prisión. Se ha conformado, asimismo, con siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de estos delitos.
Según el fiscal, su participación fue necesaria en la tercera etapa de la presunta trama cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencia administrativo".
Así, la exsecretaria expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde "no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias".
En la misma sesión, se ha conformado quien fuera arquitecto municipal entre octubre de 2005 y febrero de 2006, Francisco S.G., acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, Carlos Domingo B.F., quien ya se conformó en mayo de 2016 durante la sesión dedicada a cuestiones previas.
Este modo de actuar, del que era "conocedor", consistía en emitir informes favorables, en su caso, para más de 150 viviendas promovidas por otros acusados y promotores. Francisco S.G. ha aceptado la pena total de 18 meses de prisión por 25 delitos de prevaricación urbanística y multa de 18 meses con una cuota diaria de cinco euros. Su socio en el estudio, José María G.R. ha aceptado seis meses de cárcel por un delito de prevaricación urbanística.
En todos los casos, el fiscal no se ha opuesto a que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, una vez se dicte la sentencia, acuerde suspender la pena.
En la sesión en la que se plantearon las cuestiones previas, otros cuatro acusados reconocieron los hechos y mostraron conformidad con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal. Por un lado, fueron el extécnico municipal Carlos Domingo B.F., quien, al margen de su condición de empleado público, actuó como director de obra en dos de los residenciales bajo sospecha, y, por otro lado, José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., administradores y arquitecta de la constructora 'Colyar SLL', respectivamente.
En la macrocausa Costurero, que explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo, Cándido Trabalón, y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre 2003 y 2011, funcionarios públicos, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura. Se sigue por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio
Trabalón se enfrenta a 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación mientras que, para Tijeras, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión.
'MODUS OPERANDI'
Tres fases distingue en la trama tejida por los dos principales procesados. En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal" de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.
En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno. Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama usando el "subterfugio" de tildar suelo no urbanizable como suelo urbano e indicar a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello". La tercera etapa se habría iniciado en febrero de 2006 cuando empezaron a usar la vía del silencio administrativo.
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