La Fecam ve un "avance indudable" la Ley del Suelo

Tras reunirse con la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, en compañía del presidente y viecepresidente de la federación, Manuel Plasencia e Ignacio Rodríguez, señala no obstante que se van a presentar alegaciones "sobre aspectos que o bien son mejorables o debieran ser modificados".

Según Martín, es una ley "muy importante" dado que en la Comunidad Autónoma se tarda una media de 10 a 12 años en aprobar un Plan General Municipal o seis años en lo que se refiere a un plan parcial, "algo incomprensible especialmente por los vecinos y vecinas de nuestros municipios, que son en definitiva los principales afectados".

Asimismo, dice que esta iniciativa está en la línea de evitar las actuales duplicidades e injerencias entre administraciones o incluso permitir establecer los correspondientes plazos que "inevitablemente" reducirán los tiempos de tramitación.

Martín señala, no obstante, que existen algunos aspectos a los que los ayuntamientos plantearán alegaciones, como son la de las determinaciones que no separan adecuadamente los usos turísticos y residenciales o también, la potestad que mantiene la futura Ley de que a los cabildos y el Gobierno, de forma excepcional, se les permita realizar reclasificaciones de suelo que pueden contradecir los propios planes generales municipales.

COMPETENCIAS DEFINIDAS

Como aspecto positivo, valora que "se definen claramente las competencias que tendrán tanto los ayuntamientos como los cabildos y el Gobierno de Canarias, un problema que venía arrastrándose durante décadas, al tiempo que se clarificarán los usos como el del suelo rústico, que son demandas históricas de los municipios canarios especialmente aquellos con gran implantación de territorio rural".

Martín afirma que "no faltará el empeño" de todos los alcaldes de Canarias de mejorar en lo posible la Ley, "que entre sus principales retos está el de evitar solapamientos y el exceso de trámites burocráticos, aceptando un criterio de partida, no se clasificarán nuevos suelos ni turísticos ni residenciales".

No obstante, avisa de que la postura es "eminentemente municipalista y serán los partidos políticos los que ahora deben fijar criterio en este debate".