La Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional del exvicesecretario de comunicación del PP asturiano y expresidente del partido en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández, en la ramificación del 'Caso Aquagest' en Corvera "al no resultar debidamente justificada su perpetración". Por su parte pide para el exlacalde de Corvera, Belarmino Moro, tres años de prisión por delito de fraude en concurso con un delito de prevaricación administrativa
El escrito de acusación del Ministerio Público pide también tres años de prisión por los mismos delitos para Los exconcejales de Hacienda y Urbanismo, Ana Toro y Luis Solares por los mimos delitos que el exregidor. Para el exdirector de Aquagest, Henry Laiño solicita también tres años de prisión en concepto de cooperador necesario del delito de fraude en concurso con un delito de prevaricación administrativa.
Para el fundador de la Agrupación Social Independiente de Avilés (Asia), Miguel Ángel Villalba, y su hermana, Elena Villalva, la fiscalía solicita, para cada uno, siete años de prisión y multa de 507.200 euros, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de cohecho.
También el Ministerio Público solicita para, María Elena Menéndez, la madre de Miguel Ángel Villalba y Elena Villalba, una pena de 4 años de prisión y 500.000 euros de multa por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de cohecho.
Además, pide la misma condena para Alberto Valverde, que había mantenido una relación sentimental con Elena Villalba y se presentó como concejal en el Ayuntamiento de Avilés por ASIA en las elecciones de 2011 "y participaba en el entramado de las empresas de los hermanos Villalba".
Pide para el director financiero de Aquagest, Ángel Miguel Sanz, para el responsable económico de la dirección territorial Norte de 'Aquagest', para José Ángel Menéndez y para Ignacio Ramón Suárez la pena, para cada uno, de cuatro años de prisión y multa de 500.000 euros como autores de un delito de continuidad de cohecho.
LA SUPESTA TRAMA
El Fiscal señala que entre los años 2009 y 2011 Miguel Ángel Villalba, concejal de ASIA en el Ayuntamiento de Avilés, ideó junto a su hermana, la también investigada Elena Villalba y con concierto de Ignacio Ramón Suárez, Ángel Miguel Sanz y José Ángel Menéndez., directivos de Aquagest, un plan destinado a obtener fondos de la empresa con los que satisfacer sus necesidades personales y financiar las actividades de su partido, a cambio de la concesión de ciertos beneficios en forma de contratos con distintas administraciones públicas, al amparo de su posición política y relación con otros cargos públicos.
En dicho plan también han participado, según la fiscalía, la madre de los hermanos Villalba, María Elena Menéndez y Alberto Valverde. Los hermanos Villalba, constituyeron para recibir los pagos, una comunidad de bienes, utilizando personas interpuestas con el propósito de ocultar su identidad, y confeccionaron facturas, por cuenta de terceros sin relación con los hechos, por servicios no prestados, o por importes superiores a los debidos, todo ello como medio para justificar las cantidades de dinero recibidas y darles una apariencia de licitud.
El Ministerio Público señala que el exalcalde de Corvera, Luis Belarmino moro y los concejales de Hacienda y Urbanismo, Ana Toro y Luis Solares, adjudicaron un contrato a Aquagest el 31 de marzo de 2009 "por razones o contraprestaciones que no constan, y sin tener en cuenta el prosible prejuicio económico para el municipio al rechazar otras ofertas".
PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO
El Fiscal por su parte solicita el sobreseimiento provisional del exvicesecretario de comunicación del PP asturiano y expresidente del partido en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández, al considerar que no queda probado que se haya hecho cargo de un viaje de varios miembros de la corporación de Coaña a La Coruña como dávida o regalo al haber suscrito el consistorio, diez meses antes, un contrato administrativo con Asturagua.
También se le atribuía haber actuado como intermediario en reuniones en un hotel en Las Caldas con directivos de Aquagest y "miembros de la política con fines aparentemente ilícitos", pero que no se ha podido acreditar ya que Joaquín Fernández siempre mantuvo, aportando las respectivas facturas, que tuvo reuniones de trabajo.
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