Miércoles, 22.11.2017 - 08:55 h

PP pide a la Junta que indemnice a los municipios afectados por el Plan del Litoral anulado por el TSJA

El secretario general del Partido Popular de la provincia de Cádiz y diputado autonómico, Antonio Saldaña, junto al presidente del PP de Barbate, José Manuel Martínez Malia, ha pedido este sábado que "la Junta compense económicamente e indemnice a todos los ayuntamientos que se han visto perjudicados por la aprobación del Plan de Protección del Litoral y que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

PP pide a la Junta que indemnice a los municipios afectados por el Plan del Litoral anulado por el TSJA

Según ha informado la formación popular en una nota, Saldaña ha remarcado que "la provincia de Cádiz es la más afectada", y "el PSOE ha golpeado económicamente el desarrollo de más de 700 hectáreas en San Roque, La Línea de la Concepción, Conil, Barbate, Vejer, Puerto Real, San Fernando, Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, estimándose que se han dejado de generar 15.000 puestos de trabajo en la provincia y 45.000 en Andalucía".

En este aspecto, el diputado autonómico ha abundado que "la Junta debe aceptar inmediatamente la derrota judicial que ha sufrido con la anulación de un plan que no contentaba a nadie y que ha supuesto un enorme perjuicio económico para una multitud de localidades de la provincia de Cádiz y de Andalucía".

Asimismo, Saldaña ha remarcado que "este Plan de Protección del Litoral de Andalucía fue aprobado por la Junta con nocturnidad y alevosía, e incluso la sentencia judicial de anulación emitida por el TSJA afirma que se trata de un plan con orientaciones políticas y que no existía motivos para tramitarlo por urgencia, y más con un gobierno andaluz que entonces se encontraba poco más que en funciones, y que además el propio plan es contrario a la ordenación del territorio aprobada por la propia Junta".

"En otras palabras, que no buscaba realmente proteger al medio ambiente, sino perjudicar a un conjunto de localidades por motivos políticos, prueba de ello es que el plan fue aprobado sin negociarse con los ayuntamientos afectados por el mismo y con la oposición de todos ellos, generando un enorme inseguridad jurídica", ha apostillado el representante del PP.

El dirigente popular ha reseñado que fruto de este proceso "unilateral" y "carente de negociación" con las entidades locales, "48 de los 62 ayuntamientos afectados formularon más de 3.500 alegaciones en toda Andalucía".

EL CASO DE BARBATE

"Uno de ellos fue Barbate, dado que probablemente sea uno de los municipios que más ha sufrido las consecuencias legales de la aprobación de este Plan de Protección del Litoral que ahora ha sido anulado", ha detallado Saldaña, quien ha reseñado que "el motivo de su alegación es que, con este documento urbanístico en vigor, se paralizó el desarrollo turístico de Los Caños de Meca y La Zahora, convirtiéndose en un misil lanzado por la Junta contra la línea de flotación del empleo y del desarrollo económico y social no sólo de Barbate, sino de otras localidades gaditanas".

"En el caso de Barbate, dicho desarrollo turístico que no ha sido posible ejecutar por la presencia de este plan, ahora anulado, hubiera supuesto la creación de unos 2.000 empleos entre directos e indirectos, lo que significa que se hubiera erradicado el 50 por ciento del desempleo que tiene esta ciudad", ha especificado el parlamentario popular, quien ha subrayado que "es por ello por lo que exigimos que la Junta compense e indemnice económicamente a los ayuntamientos afectados por la aprobación de un plan sin consenso y que perjudicó objetivamente los intereses y el desarrollo de muchos gaditanos".

Continuando esa línea, el secretario general del PP gaditano ha recalcado que "estamos completamente a favor de la protección del medio ambiente y de las normativas urbanísticas que contribuyan al desarrollo sostenible, para evitar así desmanes del pasado y la destrucción de nuestro entorno; pero lo que jamás vamos a defender ni apoyar es un plan que no obedecía a tales objetivos medioambientales, sino a objetivos políticos de ayuntamientos contrarios al PSOE y sobre el cual ha sido la Justicia y no nosotros quien ha dictaminado que tanto su fondo como su forma son contrarios al ordenamiento jurídico vigente".

"El Partido Popular apuesta por una ordenación y proyección razonada, no por la prohibición indiscriminada de la Junta de Andalucía", ha apostillado al respecto.

Con todo, Saldaña ha pedido al PSOE que "acepte esta derrota judicial, renegocie con los ayuntamientos afectados un nuevo documento urbanístico que satisfaga los intereses de todas las partes y compense económicamente de manera inmediata por el daño que ha causado la vigencia de este fallido plan".

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