La posición de Podemos es que "ha habido, de una manera completamente objetiva, un despilfarro enorme de dinero público", lo cual es "un hecho constatado, no una opinión" ya que "se han malgastado cientos de millones de euros en Aragón en un plan de depuración que es récord mundial, y posiblemente galáctico, de incompetencia y mala gestión", ha planteado Echenique.
Ha criticado este "megaplan", desarrollado desde 2001, tiempo durante el que "se ha acumulado una lista infinita de despropósitos", en alusión a "depuradoras mucho más grandes de lo que se necesitan, pueblos que llevan años pagando depuradoras que no existen y encima la CHE les multa, fondos europeos que se gastan de manera dudosa y opaca, indemnizaciones a empresas que no han cumplido su contrato".
Este asunto tiene dos explicaciones, ha planteado Echenique: "O bien los Gobiernos han batido todos los récords mundiales, incluso galácticos, de incompetencia y mala gestión, o hay algo más", por lo que "es vital investigar en todos los frentes, incluyendo el parlamentario".
Echenique ha llamado la atención sobre el hecho de que el coste de depuración es 10 veces más caro en Aragón que en comunidades vecinas, como La Rioja o Navarra, recordando que si bien "hasta ahora no parecía un problema político para los partidos aragoneses", hace tiempo ha habido movilizaciones ciudadanas, en alusión a las convocadas por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA).
Ha considerado que "la escala de lo que ha ocurrido y la extensión territorial del asunto, a lo largo de muchísimos años y por cuantías enormes, sugiere que puede haber algo más que responsabilidades políticas", aunque si hay corrupción "lo tendrán que decir los tribunales, no nosotros". Ha manifestado que "apenas se está levantando la puntita de la alfombra y ese es el objetivo de la Comisión".
En la Comisión no solo comparecerán políticos, sino "todo el mundo que haya tenido que ver con el despilfarro de dinero público en nuestra Comunidad, que es cosa seria", en alusión a las empresas, argumentando que "cuando hay despilfarro de dinero público hacen falta dos partes para que se lleve a cabo, una es la parte política, que firma los papeles, y otra la parte empresarial, que hace caja y obtiene beneficios que no obtendría si compitiese en el libre mercado".
EL SISTEMA MÁS CARO
Marta de Santos ha aseverado que el sistema PASD "es el más caro de España" ya que cuanto la media nacional es de 0,8 euros por metro cúbico depurado en Aragón se eleva a 1,5 euros, muy por encima de la siguiente comunidad.
El Plan "nace sospechosamente sobredimensionado", ha continuado la diputada, en alusión a la construcción de depuradoras en núcleos deshabitados, como Ceresuela (Huesca), o en pueblos sin agua corriente, la utilización de tecnologías cuyo mantenimiento es muy caro, "desoyendo" al Ministerio de Agricultura, que recomendaba tecnologías "más adecuadas" al clima y el territorio. También ha afirmado que algunas plantas funcionan al 10 por ciento de su capacidad y que, en el caso de Cretas (Teruel), no se ha escuchado a las 1.500 personas que han solicitado otra ubicación.
El sistema elegido de tamaño, adjudicación y tecnologías arroja un sobrecoste de cinco millones de euros anuales, ha expuesto Marta de Santos, quien ha recalcado que antes de poner en marcha el "desmesurado" PASD, "éramos modelo" y ahora "estamos muy mal y esto puede, incluso, empeorar".
Ha indicado que mediante el sistema concesional, una empresa realiza la inversión en lugar del Gobierno, acumulándose unos costes de inversión inicial, el 19 por ciento de beneficio industrial, el 16 por ciento de IVA, la amortización de los préstamos y una concesión de 20 años "para que disfruten" de la gestión y el beneficio.
Este sistema "podría tener justificación en un momento de falta de liquidez", ha continuado la diputada, observando que el Gobierno de España aportó 143 millones de euros, de forma que "no tiene justificación alguna" el modelo concesional en este caso. El Ejecutivo regional decidió "desviar" los fondos para otros fines, lo que "habrá que investigar", ha avisado.
CANFRANC
Además, "no se han cumplido los objetivos", ha asegurado, poniendo de ejemplo el caso de Canfranc (Huesca), donde el Ayuntamiento cedió la competencia al Ejecutivo regional, que no construyó la depuradora, de manera que los vecinos están pagando, actualmente, el canon de saneamiento a la Administración autonómica y el de vertidos a la CHE por carecer de depuradora. Un caso en el que "no se hace la depuradora por decisión política" que ha llevado a la Confederación a abrir expediente al Ayuntamiento en 2016, una sanción que podría repetirse en años sucesivos y, además, "no hay fecha para que Canfranc pueda contar con una depuradora", lo que ocurre en otros municipios pirenaicos.
"Habrá que analizar quién desvía ese dinero, por qué se desvía", ha planteado la parlamentaria de Podemos, quien ha añadido que se desviaron 28 millones para plantas de tratamiento de purines "que jamás trataron purines".
De Santos también se ha quejado de que la Administración regional no solo ha dado prórrogas a las empresas, sino que ha indemnizado pese al incumplimiento de contratos. En el caso de Utebo (Zaragoza) los vecinos habrán pagado 18 millones de euros antes de empezar a ver funcionar su depuradora.
Ha expresado que se han adjudicado contratos sin haber cedido antes las competencias los ayuntamientos y que "se arrebata la competencia municipal" adjudicándose una planta a una empresa, como el caso de Bielsa (Huesca), judicializado. De Santos ha criticado la externalización del cobro del ICA y que se haya encarecido en seis millones de euros la recaudación del impuesto.
INEFICACIA
Maru Díaz ha recordado que, al inicio de la presente legislatura, Podemos pidió que la Cámara de Cuentas elaborar el informe que les ha dado pie a la solicitud de creación de la Comisión de investigación, puntualizando que alcaldes y agentes sociales lo han denunciado en varias ocasiones.
Ha comentado que el informe de la Cámara de Cuentas señala "cuestiones sospechosas que venimos denunciando" como que "posiblemente tengamos que devolver 117 millones de euros" aportados por el Gobierno central, lo que equivale al coste del nuevo Hospital de Alcañiz y cinco colegios, lo que ha atribuido a la "ineficacia".
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