Santiago recibe finalmente la ayuda de Industria que fue rechazada inicialmente por incluir un documento en gallego

El Ayuntamiento de Santiago recibirá finalmente una ayuda para la renovación del alumbrado público que otorga el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), órgano dependiente del Ministerio de Industria.

Esta ayuda fue rechazada inicialmente por el IDAE ya que el Ayuntamiento de Santiago, al igual que los municipios coruñeses de Teo y Santa Comba, incluyó entre la documentación presentada en la solicitud del concurso un documento escrito en gallego.

Este viernes, el concejal de Medio Ambiente y Convivencia, Xan Duro, compareció ante los medios al término de la junta de gobierno local en substitución del primer edil de Santiago, Martiño Noriega, que se encuentra en Madrid para participar en una reunión con al rey Felipe VI.

Allí, Duro ha explicado que el Gobierno local de la capital gallega ha aceptado la ayuda otorgada por el IDAE, que consiste en un préstamo a interés cero por valor de 1,4 millones de euros para la renovación de alumbrado público que deberá ser devuelto en un plazo de diez años.

Así, el consistorio empleará esta ayuda para sustituir el alumbrado de "2.442 puntos de luz y 51 mandos del Ayuntamiento", principalmente "viarios de automóviles" con el objetivo de "optimizar" su funcionamiento, lo que implicará una disminución tanto en el gasto eléctrico como en la emisión de dióxido de carbono.

En este sentido, Duro ha indicado que la actuación permitirá reducir en "media tonelada" las emisiones de CO2 y un ahorro de "90.000 euros al año" respecto a lo que paga en la actualidad el Consistorio por el alumbrado en las zonas donde se instalarán las nuevas lámparas.

RECHAZADOS POR DOCUMENTACIÓN EN GALLEGO

El pasado mes de julio, el IDAE rechazó las solicitudes para optar a esta ayuda presentadas por los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Teo y Santa Comba, ya que todos ellos incluyeron un informe escrito en gallego, lo que contradecía las bases del concurso, que establecía que la documentación debía estar en su totalidad en español.

En un principio, el IDAE consideró un defecto "no subsanable" la inclusión de este documento, al entender que los solicitantes "ignoraron" las bases de la convocatoria. Sin embargo, tras los recursos presentados por los municipios, el instituto rectificó y en el mes de octubre aceptó la traducción del documento al castellano.