El comité asesor ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, aunque también han estado presentes los concejales de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Hacienda y Bienestar Social, junto a representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, técnicos municipales y los técnicos especialistas en materia de estabilización de laderas y recalces de cimentaciones Mercedes Gómez, arquitecta, y David Lugo, arquitecto técnico e ingeniero.
En la reunión, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se ha acordado solicitar a la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, que inicie "con urgencia los trámites necesarios para que se puedan hacer efectivas lo más rápido posible las ayudas" necesarias para sufragar las medidas correctivas propuestas para la ladera por los especialistas David Lugo y Mercedes Gómez. Tales medidas, como se informaba recientemente, suponen un coste de unos 5,7 millones de euros.
La situación de la ladera que corona la urbanización Sport Aljarafe, construida en 1987, ha motivado ya el desalojo de once de las viviendas, siendo activado el plan municipal de emergencia, a cuenta del último informe técnico sobre las patologías arquitectónicas sufridas por la urbanización, que avisa de un "riesgo de deslizamiento inminente" en la ladera.
Frente a dicha situación, los mencionados especialistas han propuesto la monitorización de todas las viviendas y zonas vulnerables para conocer en tiempo real si hay algún tipo de desplazamiento; inspeccionar las redes hidráulicas urbanas para evitar el máximo aporte de agua a la ladera; hacer una red de drenaje para reducir la presión hidrostática de la ladera, y aplicar "inyecciones armadas" a través de tubos, con el objeto de sellar toda la ladera, ya que se drenaría la ladera cada seis y tres niveles, la cabeza, medio e interior de la loma.
El Ayuntamiento, que hasta la fecha ha destinado 110.000 euros para la realización de estudios geotécnicos y geofísicos y la contratación de técnicos especialistas para interpretar dichos estudios, promueve además unas subvenciones destinadas las "unidades familiares afectadas" por los desalojos acometidos hasta el momento, con 600 euros al mes por unidad familiar.
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