Un libro revela que 3.895 funcionarios de los ayuntamientos de Bizkaia fueron castigados durante el franquismo

El libro "La depuración de las empleadas y empleados municipales de Bizkaia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1976)", escrito por Aritz Ipiña, identifica un total de 3.895 trabajadores y trabajadoras municipales del Territorio Histórico de Bizkaia que sufrieron ostracismo laboral por su significación política durante el franquismo.

El portavoz del Gobierno y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha presentado esta tarde públicamente este libro en un acto celebrado en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao.

La obra, escrita por el doctor en Historia Aritz Ipiña y editada y publicada por el Instituto Vasco de Administración Pública, IVAP, analiza el proceso de depuración del personal funcionario de Bizkaia, llevado a cabo por el Franquismo entre el 18 de julio de 1936 y las amnistías de la década de los 70, según ha informado el Gobierno Vasco.

A lo largo de sus 757 páginas, el libro, en el que se detallan las 3.895 personas empleadas públicas con sus nombres y apellidos, analiza, en profundidad, las características de éstas: quiénes eran y en qué grado cayó sobre ellas la labor depuradora de los responsables de las instituciones franquistas.

El autor ha analizado este proceso en casi la totalidad de los ayuntamientos de Bizkaia, si bien no ha podido hacerlo en un 20% de ellos por la falta de documentación, por su mala conservación, etc.

MECANISMO REPRESIVO

El libro enmarca el proceso depurador como uno de los mecanismos represivos aplicado a los defensores del Gobierno de la II República, constituido en 1936. Y fue, según su autor, un proceso de "naturaleza esencialmente política, orientado a eliminar de la administración a todos aquellos individuos que pudieran juzgarse como desafectos al Movimiento Nacional".

La política depuradora afectó, por igual, a las personas trabajadoras de la administración central, provincial y local, a las de las empresas concesionarias de servicios públicos, confederaciones hidrográficas, juntas de beneficencia o cajas de ahorros, y en Bizkaia, incluso, a quienes recibían algún tipo de subvención pública.

Las consecuencias de estos procesos de represión ideológica perduraron hasta el fallecimiento de Francisco Franco. Durante los 40 años que duró la dictadura, cientos de personas exempleadas municipales solicitaron la revisión de sus destituciones, y sin embargo, solo unos pocos fueron repuestos. Muchas de las personas funcionarias de la administración local vizcaína no vieron sus derechos restituidos hasta la década de 1980.

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