Gobierno colombiano acredita competencia del fiscal para indagar a procurador

Bogotá, 11 dic.- El ministro de Justicia colombiano, Alfonso Gómez Méndez, acreditó hoy que la Fiscalía General tiene competencias constitucionales para investigar la acción de la Procuraduría al destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Gómez Méndez afirmó a periodistas que "el fiscal (Eduardo Montealegre) es la autoridad competente constitucionalmente para investigar al procurador (Alejandro Ordóñez)" y descartó que haya un "rifirrafe" entre los dos funcionarios, sino una evidencia del "funcionamiento pleno de las instituciones".

"El fiscal ha ordenado iniciar una diligencia de inspección judicial a la Procuraduría porque hasta donde hoy entiendo ha habido una denuncia ante el fiscal por este episodio" de la sanción contra Petro, agregó el ministro.

Montealegre le pidió este miércoles a su vicefiscal, Jorge Perdomo, "trabajar intensamente en el caso, ordenar nuevas pruebas y verificar la decisión del procurador general".

Esta actuación se produjo en medio de una gran polémica por la decisión del procurador de cesar e inhabilitar para ejercer cargos públicos durante 15 años a Petro por una supuesta mala gestión en una crisis de basuras desatada en diciembre de 2012.

Tras conocer la medida el pasado lunes, Gómez Méndez opinó que el país tiene que "revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas por voto popular", aunque hoy afirmó que el "Gobierno no avala ni lo uno ni lo otro".

"El alcalde Petro ha sido objeto de una sanción de destitución que no esta ejecutoriada, sujeto a un recurso de reposición (al fallo) que puede terminar en que el procurador modifique la sanción, que la revoque o que confirme su decisión. Está dentro del funcionamiento normal del Estado de derecho", anotó el ministro.

Gómez Méndez señaló que Petro tiene las mismas garantías que cualquier otro funcionario de recurrir la decisión ante el Consejo de Estado (máximo tribunal contencioso administrativo).

Asimismo, puntualizó que las acciones del procurador están sometidas a la vigilancia de dos instituciones: "el juez disciplinario, que es el Consejo de Estado, y un juez penal, que es el fiscal".

El destituido alcalde ha pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras las manifestaciones en contra de la decisión de Ordóñez crecen en Bogotá.