Espinosa cree que las demoliciones son excepcionales y dice que buscará consenso

Madrid, 17 feb (EFE).- La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha considerado hoy que las demoliciones de propiedades privadas en aplicación de la ley de costas son "excepcionales" y ha garantizado que su departamento buscará el máximo consenso antes de actuar.

"Preferimos perder meses, pero hacerlo desde un consenso total y absoluto", ha manifestado Espinosa en el pleno del Senado al responder al senador de Coalición Canaria Alfredo Belda, quien le había mostrado su preocupación por el futuro de las viviendas de miles de familias humildes en las islas.

La ministra ha explicado que el primer paso para proteger la costa es finalizar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre y ha informado de que en Canarias ya se ha deslindado el 83 por ciento.

Después se ponen en marcha programas de reconocimiento de derechos, para aclarar la situación de las propiedades afectadas por los deslindes, y, con carácter previo a cualquier actuación, se informa a las administraciones autonómicas y locales, ha añadido.

Sólo después de tramitarse el expediente se procede a demoler las propiedades que estén ocupando indebidamente el dominio público, pero Espinosa ha subrayado que se trata de "situaciones excepcionales".

En ellas ha incluido las actuaciones de Cho Vito, en Tenerife, y las de Fuentecaliente, en La Palma, que se enmarcan, ha dicho, en proyectos de recuperación y mejora de la zona de tránsito.

Espinosa ha insistido en que su departamento mantendrá "tantas reuniones como sean necesarias" para llegar a un acuerdo con las administraciones afectadas y que siempre tendrá en cuenta sus opiniones.

El senador de Coalición Canaria le ha asegurado que su formación comparte los objetivos de la ley de costas para proteger el litoral, pero ha advertido a la ministra de que muchas familias de origen humilde ven peligrar su vivienda por encontrarse en dominio público y están teniendo problemas para obtener la concesión de treinta años prorrogables que prevé la norma.

Belda ha comenzado su intervención mostrando su pesar por la muerte de 22 inmigrantes frente a Lanzarote.

Su formación no entiende cómo el SIVE no detectó la embarcación en la que viajaban, lo que podría haber evitado la desgracia, ha manifestado.