Son grabaciones "ilegales" que "vulneran los derechos fundamentales" y "no es bueno que marquen la actualidad ni la acción política". Así ha esquivado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, la polémica en torno a los nuevos audios difundidos por Moncloa.com y El Confidencial y que revelan que el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa y exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, utilizó presuntamente al comisario José Manuel Villarejo para conseguir información privilegiada de investigaciones contra la corrupción que afectaban al PP.
Sí ha reconocido, sin embargo, que el contenido "no es edificante", al ser preguntada por las grabaciones que afectan a su compañera de Gobierno, la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Sabemos que este señor ha tenido muchas relaciones y muchas conversaciones, y las ha grabado todas", ha denunciado, para insistir en que "no es bueno" que estos audios "sean protagonistas de la vida política".
Tras evitar mojarse en este asunto en los micrófonos de la Cadena Ser, la responsable de Política Territorial se ha referido a la situación en Cataluña y ha criticado la "frivolidad y poca conciencia" que demostraron hace un año los dirigentes que proclamaron la independencia, generando "un marco ilusorio que sabían que no era posible".
"La unilaterialidad ha fracasado y ha llegado el momento de empezar a decir la verdad", ha afirmado Batet, quien ha considerado que sería positivo que el gobierno de la Generalitat reconociera ante los ciudadanos que la independencia "no es posible". No obstante, ha manifestado que eso no es renunciar a una demanda porque "defender la independencia es una opción legítima".
Con todo, la ministra ha reconocido que en Cataluña ahora no es posible una solución a corto plazo debido a la fractura social "que no se resuelve de un día para otro", pero se ha mostrado esperanzada por empezar a trabajar para que ese horizonte se acerque.
Asimismo, Batet ha confirmado que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la reprobación al rey aprobada por el Parlament de Cataluña, a pesar del criterio en contra expresado por el Consejo del Estado. La ministra ha defendido esta decisión porque "es bueno que el jefe del Estado se mantenga al margen de la confrontación política".
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