Madrid, 21 sep.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que no se va satisfecho porque se siente responsable de los casi cinco millones de parados que deja, una sensación que comparte el resto del equipo económico gubernamental que ha reconocido que han quedado cosas por hacer.
Durante la última sesión de control en el Congreso, el PP ha instado al Gobierno a hacer balance económico de una legislatura que deja la "herencia envenenada" de cinco millones de parados, un alto desempleo juvenil y unas cuentas públicas basadas en unas previsiones macroeconómicas que ya nadie cree que se puedan cumplir.
Aunque Zapatero ha asumido su responsabilidad en esta situación, ha hecho hincapié en que es consecuencia de una grave crisis económica mundial que nadie previó y ha defendido las medidas adoptadas, al tiempo que ha advertido al presidente del PP, Mariano Rajoy, que la ciudadanía reclama responsables políticos que aporten soluciones y no sólo ataques.
Rajoy le ha señalado las lecciones aprendidas del Ejecutivo socialista: no engañar con la situación económica, no improvisar, no generar falsas expectativas, no gastar lo que no se tiene, no vivir de la herencia y no gobernar por decreto ley.
La vicepresidenta, Elena Salgado, se va también del Gobierno insatisfecha, pero orgullosa de haber servido a los ciudadanos españoles en un momento especialmente crítico y convencida de que se han adoptado siempre iniciativas oportunas para paliar la crisis.
No obstante, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha reprochado su irresponsabilidad por dejar al país "empantanado", al marcharse sin prorrogar los actuales presupuestos generales del Estado.
Fuentes del Ejecutivo han respondido que será tarea del Gobierno que se forme tras las elecciones del 20 de noviembre aprobar el real decreto con dicha prórroga, ya que, según sus cálculos, el nuevo gabinete estará operativo antes de que concluya el año.
Ese decreto, además de prorrogar las cuentas vigentes, suele incluir medidas urgentes para garantizar, por ejemplo, el poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios en el ejercicio siguiente.
Las mismas fuentes señalan que no sería lógico que el Gobierno saliente marcara el terreno al nuevo Ejecutivo.
En el PP algunos diputados veteranos reconocen ser conscientes de que el nuevo Ejecutivo tendría que aprobar una nueva ley presupuestaria, basada en previsiones "realistas", para que la economía española genere confianza en los mercados.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se ha referido en la sesión de control a las tareas que se quedan pendientes, entre ellas, un nuevo esquema de formación dual para que los jóvenes puedan trabajar y formarse al mismo tiempo, "que permita alternar empleo y desempleo".
A su juicio, ese es el reto para los próximos años en el que han de implicarse Gobierno, empresarios, sindicatos y autoridades educativas, aunque también ha indicado que habrá que cambiar un sistema de protección por desempleo que "estaba diseñado para crisis más cortas".
Sin embargo, Gómez se ha mostrado confiado en que el contrato de formación para jóvenes de hasta 30 años -una de las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo- sirva para impulsar el empleo entre los jóvenes en los próximos meses.
"Tenemos depositadas una parte importante de nuestras esperanzas en un buen funcionamiento en el futuro de este contrato", ha dicho.
Entre lo que se queda sin hacer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha apuntado al sector energético, ya que ha reconocido "claroscuros" en la gestión del déficit de la tarifa eléctrica que ya supera los 22.000 millones de euros.
En sentido contrario, ha destacado que se ha "salvado" y dado futuro a todas las plantas automovilísticas, y que se ha mejorado la competitividad de la industria española. EFECOM
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