El Gobierno sigue adelante, paso a paso, con la aplicación del 155 en Cataluña. El nuevo movimiento que este artículo de la Constitución traerá consigo será que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pase a tener el control sobre los 300 millones de euros de ingresos propios que la Generalitat percibe cada mes en concepto de impuestos cedidos, según confirman a La Información fuentes próximas al Ministerio.
El requerimiento del Ejecutivo a Carles Puigdemont, para que el presidente catalán explique si en el pleno del pasado 11 de octubre declaró la independencia, no tiene que ver con las medidas de control presupuestario que Hacienda activó sobre Cataluña en septiembre. De hecho, como avanzó en el Congreso de los Diputados el propio Cristóbal Montoro, éstas se mantendrán de forma indefinida.
Con el paso adelante que supone la aplicación del Artículo 155, el Estado pasaría a gestionar también de forma directa los 300 millones que la Generalitat recibe en concepto de impuestos propios y que Hacienda ya supervisa a través de los movimientos bancarios. Son los que corresponden a Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, Patrimonio y a los impuestos medioambientales.
Actualmente, el Departamento que encabeza Montoro abona los gastos destinados a financiar los servicios básicos en Cataluña, es decir, la sanidad, la educación, la seguridad y la dependencia, así como las nóminas de los empleados públicos. Son 1.400 millones de euros al mes que corresponden a la comunidad autónoma en virtud del sistema de financiación.
Acuerdo de no disponibilidad y control de tarjetas
Otra de las decisiones de Hacienda fue limitar el uso de las tarjetas de crédito por parte de los altos cargos catalanes, cuyos gastos tienen que ser autorizados previamente por la Intervención General. La Generalitat tampoco puede endeudarse a corto plazo sin el permiso del Ministerio.
El Estado adoptó, además, el acuerdo de no disponibilidad de crédito que le había exigido previamente a Puigdemont. Hacienda podrá de manera excepcional y a petición del interventor general de la Generalitat revocar de forma parcial esta medida. Para ello deberá estar justificada la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad a la hora de realizar un determinado gasto.
El objetivo de estas medidas es garantizar la estabilidad y la aplicación de la legalidad vigente, o lo que es lo mismo, evitar que el Govern pueda desviar fondos públicos a cualquier actividad que tenga que ver con su órdago independentista. Por si quedaba alguna duda, el propio secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya dejó claro el lunes que Hacienda mantendrá el "control reforzado" de las cuentas de la Generalitat mientras su Gobierno prosiga con su actitud actual.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios