La decisión de CaixaBank de trasladar su sede social de Cataluña a Baleares ha estado precedida de un intenso cruce de llamadas entre los máximos responsables del banco y el Gobierno. A su vez, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se movilizó en persona para conseguir amarrar que esa modificación legal, fabricada a medida de la entidad catalana, va a ser convalidada en el Congreso en los próximos días en el Congreso.
Las alarmas en CaixaBank se encendieron a mitad de semana. Una vez que el banco confirmó internamente que los planes de la Generalitat seguían adelante y que su próximo objetivo era fijar un pleno en el Parlament para una declaración unilateral de independencia (DUI), los responsables de la compañía tomaron la decisión: "Nos marchamos". Se dedicaron, entonces, a revisar sus estatutos para conocer los procedimientos que debían seguir. Es ahí cuando se dieron cuenta de que tenían un problema: comprobaron que el cambio de sede debía efectuarse en una junta de accionistas, lo que hubiera retrasado la decisión de manera notable.
Los contactos con el Gobierno se incrementaron a partir de ese momento. Hasta el 1 de octubre, la relación entre Moncloa y la zona noble de la entidad con sede en la Avenida Diagonal había pasado por altibajos, como se ha venido relatando en este páginas. Pero la situación requería que el Ejecutivo tomara partido y facilitara los trámites a CaixaBank.
Fuentes conocedoras de los contactos explican a La Información que a mitad de esta semana se ideó la solución: aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley para modificar la disposición de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada en 2015, que establece que "el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional", salvo disposición contraria de los estatutos. Es decir, con la modificación legal, La Caixa podrá aprobar sin problemas un cambio de sede con el mero acuerdo de su consejo de administración.
Este decreto ley, que se justificará por "motivos de urgencia", tendrá que ser además ratificado en los próximos días en el Congreso de los Diputados. Para amarrarlo, lo que ha hecho el Gobierno ha sido contactar con el PSOE para sacar adelante esta medida sin complicaciones. Los socialistas se convierten así en socio del Ejecutivo para conseguir que La Caixa (y otras empresas que lo desee) puedan marcharse de Cataluña de manera exprés.
Fuentes parlamentarias confirman que fue Luis de Guindos quien contactó con Ferraz para garantizar el apoyo de los socialistas. El ministro de Economía, añaden, no tuvo ningún problema para lograr que la Ejecutiva de Pedro Sánchez diera el visto bueno a situarse junto al PP en un votación que, previsíblemente, también contará con el sí de Ciudadanos. Unidad de acción, en definitiva, para torpedear a los independentistas
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