El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconseller y diputado del Parlament Raül Romeva pedirán su absolución al Tribunal Supremo (TS) en el escrito de defensa que presentarán este martes, han informado a Europa Press fuentes conocedoras. Igualmente, solicitan que el juicio a la cúpula del 'procés' se celebre en Barcelona y no en Madrid, para preservar sus derechos como acusados y reducir los costes del procedimiento.
Según publican varios medios, en los escritos que firmará el letrado Andreu Van den Eynde argumentarán que "hay una causa general contra el independentismo catalán, mantenida en secreto y blindada frente al legítimo ejercicio de derechos procesales de los investigados". Así, para la preservación de los derechos de los acusados "sería necesario" que la vista del juicio "pudiera ser celebrada en la localidad de Barcelona, en instalaciones del Poder Judicial idóneas para su correcta celebración", según el escrito.
Alegan también que "la presunción de inocencia ha sido destruida a través de una campaña de criminalización de los investigados", y afirmarán que el proceso judicial ha estado contaminado por múltiples aspectos con un claro sesgo ideológico que no ha protegido sus derechos fundamentales. Junqueras y Romeva también defienden "que la violencia de la que habla la Fiscalía es un invención", asegurando que ambos son, antes que independentistas, demócratas y pacifistas que siempre rechazan cualquier tipo de violencia.
"El 'junquerismo' es la definición de un proyecto político pacífico e integrador", alegarán del exvicepresidente, mientras que sobre Romeva se afirmará que ha dedicado toda su vida a la cultura de la paz y que es un militante de la no violencia. Junqueras y el exconseller expondrán que el derecho de autodeterminación se concibe actualmente como un elemento "vinculado a la preservación de la paz y la resolución de los conflictos" y no tanto al concepto de descolonización, algo que forma parte del pasado.
El escrito también incluye que "votar en un referéndum no es ningún delito" y defenderá que la actual Constitución Española, si se interpreta desde una concepción moderna del constitucionalismo, no prohíbe ni limita el derecho de autodeterminación. También se reivindica una vía dialogada para afrontar la situación de Cataluña: "Los pueblos tienen derecho a disponer de soluciones políticas a sus legítimas demandas si son pacíficas, tienen apoyo popular significativo y son persistentes en el tiempo".
Un juicio en Barcelona para reducir costes
Celebrándose el juicio en Barcelona, la defensa alega que habría una mayor proximidad entre los acusados y sus familias y abogados, que por "razones obvias" no podrán trasladar ni sus domicilios ni sus despachos "permanentemente" a Madrid mientras dure la vista en el alto tribunal. Con el traslado a la ciudad Condal de la vista también se obtendría una reducción de costes del procedimiento, "dada la evidente distancia entre la sede del Tribunal y la mayoría de los elementos asociados al pleito, como acusados, abogados y testigos", razona el escrito.
Para la defensa de Junqueras y Romeva, administrar justicia es una tarea que no puede quedar "ajena" a la necesidad de "preservar el interés público" y, en concreto, "la normal necesidad de racionalización de medios y evitación de costes innecesarios". También argumenta que garantizar el ejercicio del derecho a la asistencia letrada tiene que ver con las posibilidades de articular una relación entre abogado y cliente "ágil" durante la tramitación de las actuaciones, "evitando la existencia de impedimentos de cualquier tipo que puedan reducir la efectividad de dicha defensa técnica".
Por este motivo, recalca que la necesidad de proporcionar una "mejor administración de justicia" se vincula, en ocasiones, a la "necesaria proximidad geográfica" entre el tribunal y algunos elementos o protagonistas "cuyos intereses se consideran relevantes", ante lo que solicita que la vista se celebre en la capital catalana.
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