La ANC llama a los funcionarios a desobedecer la medidas del "ilegal" 155

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha emitido un documento dirigido a funcionarios en el que insta a los trabajadores públicos a desobedecer las medidas del artículo 155 de la Constitución que el Senado va a aprobar en cuestión de horas. La entidad soberanista califica dichas medidas como "ilegales" y contrarias a varios derechos fundamentales recogidos en la misma Carta Magna.

Los funcionarios no tienen obligación de "obedecer órdenes claramente contrarias a la legalidad vigente, que se desprende de los tratados de la Unión Europea (de aplicación directa en España), de la Constitución española, del Estatuto de autonomía y el resto de normativa", explica la ANC en su texto. "La obligación de los funcionarios de cumplir la ley implica que los funcionarios no deben cumplir las instrucciones que alguien pueda dar amparándose en estas medidas del artículo 155 propuestas por el Gobierno del Estado, desde el momento que son medidas claramente contrarias al ordenamiento jurídico", añade.

La ANC especifica que a partir de este viernes pueden darse dos situaciones: por un lado, que la República catalana pueda implantarse  manera efectiva. En ese caso avisan de que "los funcionarios son llamados a sostener el Gobierno y el Parlamento legítimos". Un segundo supuesto pasa por que "la violencia policial y militar española se imponga en primera instancia, parcial o totalmente". En ese caso prevén hacer "resistencia pasiva también desde la misma administración, ante una autoridad no electa, ilegítima, que pretende dar instrucciones que contradicen los fundamentos del estado de derecho y persiguen los derechos fundamentales de la ciudadanía a la que nos debemos".

"¿Por qué el 155 atenta contra los derechos fundamentales?"

La ANC explica en este documento dirigido a funcionarios que las medidas del 155 "atentan gravemente contra los derechos fundamentales de los catalanes y suponen la derogación de parte del Estado de la autonomía de Cataluña, sin apoyo legal ni jurídico para hacerlo". Así, consideran que la destitución del Govern pertenece en exclusiva al Parlament, según el artículo 67.7 del Estatuto, y que solo puede hacerse tras una moción de censura o una denegación de una cuestión de confianza, por fallecimiento, dimisión o incapacitación permanente, física o mental. Además, consideran que el 155 vulnera el artículo 23 de la Constitución, que garantiza el derecho fundamental al sufragio, a la participación ya la representación política. 

Asimismo, la ANC especifica a los funcionarios que se está preparando un "grave atentado al principio de democracia regulado en el preámbulo de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea". Por su parte, controlar las consejerías de Educación o Interior, o los medios públicos de comunicación, "también atenta contra el derecho de información, regulado por el artículo 11 de la Carta (libertad de los medios de comunicación y su pluralismo político); atenta contra la libertad de educación, establecido en el artículo 14; atenta contra la igualdad y no discriminación, que regulan los artículos 20 y 21 de la Carta". También cita los derechos a la seguridad y a la libertad de prensa, regulados por los artículos 17 y 20 de la Constitución.