Se ha empezado a especular con las penas solicitadas

La fiscal general del Estado pide que le dejen tratar el procés con "tranquilidad"

María José Segarra no quiere que haya más elucubraciones sobre el caso judicial del procés y ha pedido que les dejen trabajar con calma.

La fiscal general del Estado, María José Segarra,
La fiscal general del Estado, María José Segarra / POOL

Tranquilidad. Eso es lo que quiere la fiscal general del Estado, María José Segarra,  para poder trabajar el caso del procés de Cataluña. Así lo ha reclamado este lunes, cuando ha solicitado que se deje trabajar al ministerio público "con tranquilidad". Igualmente, ha pedido que no se entre en "conjeturas" sobre cómo será el escrito de acusación contra los dirigentes independentistas implicados. 

Segarra ha hecho estas declaraciones antes de asistir a un desayuno informativo organizado por Europa Press con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como invitada y después de que varios medios elucubraran este fin de semana sobre las penas que puede pedir la Fiscalía para los investigados.

"Estamos ante una causa muy compleja; querría que hasta el momento en que no se nos dé el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía", ha manifestado Segarra.

La fiscal general del Estado no ha querido ni avanzar cuándo se presentará el escrito provisional de acusación y se ha limitado a señalar que será cuando les dé traslado el Tribunal Supremo de la confirmación del fin de la instrucción. "Cuando sea el momento procesal oportuno se dará el escrito de acusación y se explicará a la opinión pública y a la prensa", ha concluido.

Este domingo se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo baraja solicitar penas agravadas para los líderes del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña. En concreto, el Ministerio Público está estudiando acusarles del delito de rebelión, lo que implicaría penas para Oriol Junqueras y el resto de dirigentes que podrían superar los 20 años de cárcel. Se prevé pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido y no se descarta que algunos de los procesados por Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal. Tanto ERC como el PDeCAT ya han pedido al Gobierno gestos con estos presos si quiere aprobar los Presupuestos de 2019.

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