Los independentistas no consideran legítima toda la deuda contraída por la Generalitat con el Estado español. De los 52.500 millones de euros que Cataluña tendrá que devolver a las arcas públicas de todos los españoles, los secesionistas consideran que una parte de esa cantidad no debe ser asumida por ellos y, por tanto, no la pagarán. Para poner cifras a lo que sí abonarán realizarán una auditoría general.
El equipo económico de la Generalitat, que dirije Oriol Junqueras, tiene claro que de esos 52.500 millones de deuda, una parte de ella no pertenece a Cataluña, según explican a La Información fuentes cercanas a la vicepresidencia del Govern. "Solo pagaremos la parte que nos toca", aseguran desde el departamento financiero catalán, dejando claro que esa cifra que ofreció el Banco de España en su último boletín trimestral "está inflada". Los independentistas especifican que sí quieren pagar, pero únicamente lo que les corresponde.
Para calcular qué parte de la deuda de Cataluña consideran legítima, la hoja de ruta de los independentistas contempla una auditoría general. "Existen varias fórmulas", añaden las mismas fuentes. "La calcularemos teniendo en cuenta los activos y pasivos, la producción, el territorio y la población", precisan. "Cogemos esos cuatro números, los ponderamos y solo pagaremos esa cantidad de deuda", advierten.
Lo que no quieren los independentistas es asumir una deuda privada que provenga de deuda privada, ni deuda que provenga del pago de vencimientos en lugar del pago de gastos corrientes, ni deuda generada por el pago al rescate de la banca, ni tampoco deuda generada por inversiones que no han reportado beneficios a los catalanes, sino que han perseguido un interés particular o ha generado corrupción, explican desde el equipo de Junqueras.
Junqueras y los suyos también han querido salir al paso de las palabras de Luis de Guindos de hace unos días en las que aseguraba que la independencia de Catalunya provocaría un desplome del PIB catalán del 30%, duplicaría el paro y aislaría a la región desde un punto de vista económico. La cifra es para el departamento de Junqueras "exagenerada" y ponen un ejemplo gráfico: "En la guerra civil murieron medio millón de personas oficiales y otro medio millón no oficial y el PIB cayó un 10%". "Nosotros tenemos intención de pagar, no somos mal pagadores, pero queremos negociar con el Gobierno", aseguran desde la Generalitat.
La Generalitat cumple
Hasta el momento la Generalitat está cumpliendo de manera escrupulosa con los pagos que debe hacer frente al Estado. No hay, por tanto, impagos de deuda. El Govern también está enviado al Ministerio de Hacienda de manera semanal, como se le requiere desde finales de julio, el certificado con el que el Ejecutivo central ha podido garantizarse que no ha destinado ni un euro del presupuesto público al referéndum. Solo hubo una semana en la que se negó a pasar el documento, pero Junqueras volvió rápidamente a cumplir.
En su última comparecencia en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que en los últimos cinco años Cataluña ha recibido 69.278 millones de ayuda financiera del Estado. En esa cifra se incluye el FLA: más de 23.000 millones destinados directamente al pago a proveedores. En ambos aspectos Cataluña lidera el ranking nacional. Más datos que llevaba preparados el ministro: Hacienda ha pagado 1,6 millones de facturas, lo que ha supuesto un "ahorro" para los gestores catalanes de 9.978 millones a través de los tipos de interés. En total, según Hacienda, Cataluña ahorrará 19.148 millones de euros en vencimientos de deuda. "Es una cifra importantísima", destacó Montoro.
Gracias a la aportación del Gobierno central, Cataluña superó en 2016 su mejor PIB histórico -dijo Montoro-, ha conseguido alcanzar la cifra de 3.354.000 personas registradas en la Seguridad Social y tiene cuatro puntos menos de paro que en la media nacional. "Es evidente que Cataluña está saliendo de la crisis con vigor y que la ayuda del Estado es una causa fundamental", afirmó Montoro.
La réplica a esta necesidad de dependencia del Estado por parte de Cataluña vino ese día del diputado del PDeCAT, Toni Postius, que destacó que el "expolio fiscal" a Cataluña está fijado por la Generalitat en más de 18.000 millones de euros.
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