Providenciales, 23 mar (EFE).- El primer ministro de Turcos y Caicos, Michael Misick, dimitió hoy seis años de gobierno luego de que el Reino Unido anunciara sus planes de suspender parcialmente la Constitución de la nación caribeña por unas acusaciones de corrupción contra el mandatario.
Misick, de 43 años, informó en un mensaje al país que su renuncia era inmediata al decir que las circunstancias de este momento "ciertamente resuenan con un grado de culminación".
"No sólo para mí como primer ministro, sino para el progreso económico y político de las islas de Turcos y Caicos", enfatizó.
La semana pasada el gobernador de este territorio británico, Gordon Wetherall, designado por la Reina Isabel II, anunció que podría estar a cargo de las islas durante los próximos dos años, tras las recomendaciones de la Comisión de Investigación del país que realizó unas pesquisas sobre las acusaciones de presunta corrupción del Gobierno de Misick.
El ya ex primer ministro admitió que había cometido errores, sin entrar en detalles, pero insistió en decir que, independientemente de sus fallos personales, eso no justificaba la respuesta del Gobierno británico de suspender algunos aspectos de la Constitución.
La reacción, agregó, "nos regresó a una época en la que tuvimos que soportar la humillación de la interferencia colonial con nuestros derechos como personas libres".
"Esto reemplaza el sistema de un gobierno democrático por un dictamen directo de un gobernador colonial y sus sirvientes civiles sujetos a las indicaciones de un ministro de Exteriores en Londres. Esto equivale a ser recolonizados", afirmó.
La semana pasada, Misick, líder del Partido Nacional Progresista (PNP), hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que le ayudara a detener los planes de suspender parcialmente la Constitución, algo que calificó de "colonialismo moderno".
Misick hizo su petición a la Comunidad del Caribe (Caricom), las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales tras el anuncio de Wetherall de que se suspendería parcialmente la Carta Magna para intervenir el Ejecutivo y el Legislativo debido a las acusaciones de corrupción.
Con la medida anunciada, quedarán vacantes los cargos del primer ministro, la cámara de representantes de la Asamblea y la secretaría del Gabinete.
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