"De nuevo, la OEA convertida en Ministerio de Colonias. Se produce un golpe institucional al impedir el ejercicio de la Presidencia de Bolivia", ha escrito el líder indígena en su cuenta oficial de la red social Twitter.
Estaba previsto que el Consejo Permanente de la OEA se reuniera de forma extraordinaria el lunes a las 14.00 (hora local) en su sede de Washington para abordar la ruptura del orden constitucional en Venezuela y analizar posibles medidas, pero Bolivia, que ostenta la Presidencia temporal desde el pasado sábado, la suspendió apenas unas horas antes.
Bolivia es uno de los principales aliados regionales del Gobierno de Nicolás Maduro. Así, mientras la delegación venezolana en la OEA ha felicitado a La Paz por esta decisión, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el líder opositor Julio Borges, la ha calificado de "boicot".
A pesar de la suspensión, un grupo de 20 países ha solicitado seguir adelante con la cita regional, que finalmente se ha celebrado presidida por el representante permanente de Honduras, Leonidas Rosa Bautista, al miembro más antiguo, ya que no estaban ni el presidente, el boliviano Diego Pary Rodríguez, ni el vicepresidente, el haitiano Jean-Victor Harvel.
La OEA ha concluido con un comunicado en el que ha urgido al Gobierno de Maduro a "actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional", al tiempo que se ha mostrado "dispuesta" a apoyar las medidas que "permitan el retorno al orden democrático" en Venezuela.
Maduro, por su parte, ha acusado a la "derecha intolerante" de haber cometido un "golpe de Estado" en OEA contra Bolivia y Haití y ha advertido de que "pretenden imponer un 'Plan Cóndor' contra Venezuela para desaparecer esta patria". "Jamás" permitirá "la intervención", ha subrayado.
CRISIS INSTITUCIONAL
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.
El Parlamento, controlado por la oposición venezolana, denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.
En un principio, el Gobierno de Maduro se limitó a emitir un comunicado en el que denuncia una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.
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