Viernes, 15.12.2017 - 07:32 h

¿Será España un Estado fallido por no herir sentimientos?

Será el 2-O cuando comprobemos si la batalla la ganan los independentistas saliendo al balcón de la plaça Sant Jaume a proclamar la República; o en su lugar no habrá nada nuevo.

A medida que se acerque el 1-O la contundencia represiva será mayor, el Estado, con toda su autoridad legal, no puede hacer dejación de sus funciones. 

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El próximo 1-O viviremos un día de mucho ruido y pocas nueces. Será el 2 de octubre cuando comprobemos si la batalla la ganan los independentistas saliendo al balcón de la plaça Sant Jaume a proclamar la República; o en su lugar no habrá nada nuevo y la razón volverá a tenerla el canciller Bismarck y su celebre frase: “España es el país más fuerte del mundo; los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido”.

Seguimos empeñados en cumplir nuestra fatal idiosincrasia. Ahora, las tentativas de destrucción vienen por el noreste, por Cataluña, pero hay muchos que quieren aprovechar esta ola de crispación para lograr sus ganancias a río revuelto. Pablo Iglesias, líder del tercer partido en el Congreso, califica a los detenidos por orden de un juez -por intentar llevar a cabo un referéndum ilegal- de “presos políticos”. Toma ya barbaridad.

Algunos políticos, como Puigdemont, hablan de “estado de excepción” en Cataluña, pero las calles de Barcelona y otros municipios de la región las ocupan los exaltados independentistas y no los militares ni las fuerzas del orden, incluidos los Mossos. Mucha mentira y poca policía es lo que estamos viendo estos días. Aunque ya se ha anunciado la llegada de refuerzos policiales por si a los Mossos les entran dudas a la hora de hacer cumplir la ley.

A medida que se acerque el 1-O la contundencia represiva será mayor, el Estado, con toda su autoridad legal, no puede hacer dejación de sus funciones. Aquí no sólo está en juego Cataluña, sino la legalidad de todo el territorio español y su ordenamiento jurídico. ¿Se va a convertir España en un Estado fallido por no herir los sentimientos y las pretensiones ilegales de miles de catalanes? ¿Dejará de ser una democracia basada en la legalidad constitucional porque algunos digan que imponer la ley por la fuerza da mala imagen en el extranjero? Hay que ser muy papanatas para estar más preocupado de qué dirán por ahí afuera, que de apoyar el cumplimiento de la legalidad aquí adentro.

El Estado español, que no es sólo Rajoy, sino también los miles de jueces y fiscales, y los cientos de miles de funcionarios bendecidos por la legitimidad constitucional, tiene en este caso no sólo la fuerza de la razón legal, sino la razón de la fuerza coercitiva que se aplica cuando alguien, sea quien sea, decide saltarse la ley sin atender a ninguna advertencia.

El monopolio de la violencia legítima, como lo definía Max Weber, lo posee el Estado y existe para ser utilizado cuando sea necesario de manera proporcional pero concluyente. No sólo cuando alguien entra pistola en mano en el Congreso de los Diputados, sino cuando muchos, incluidos representantes electos, pretenden realizar acciones que tienen como objetivo culminar una secesión territorial. No estamos hablando de un quítame de ahí esos desahucios o esas protestas callejeras, sino de uno de los principios básicos del Estado-nación: su indisolubilidad. 

Además, para aquellos demócratas acomplejados que siguen preocupados por el que dirán fuera de España, recordar que ninguna constitución de un país de la Unión Europea, ni de la mayoría de países del mundo, permite ningún tipo de procedimiento que ponga en cuestión o en peligro la integridad de su territorio. ¿Por qué España debe ser un excepción en este sentido, cuando su Constitución, aprobada por todos, incluida la inmensa mayoría de los catalanes, tampoco lo permite?

La prestigiosa revista “The Economist” publicará en su próxima edición impresa un artículo bajo el título: “La cuestión catalana”, en el que deja claro que hay mejores formas que un referéndum para abordar las reivindicaciones de la autonomía. En él se puede leer que “El Gobierno catalán reclama el derecho a la autodeterminación, pero el derecho internacional sólo lo reconoce en casos de colonialismo, invasión extranjera o grave discriminación y abuso de derechos humanos. Sin embargo, Cataluña no puede considerarse un territorio colonizado, ocupado u oprimido”. 

Está claro que ha llegado la hora de la verdad. Ahora ya no se trata sólo de amenazas verbales, la Generalitat y sus representantes han cruzado las líneas legales que provocan que el Estado de derecho se ponga en funcionamiento de manera contundente. Ya no es sólo cuestión de preservar la integridad territorial, sino de velar por el Estado de derecho y la democracia. En este choque de instituciones entre la Generalitat y el Estado la primera tiene todas las de perder, sobre todo porque la Justicia no entiende de emociones separatistas. A Puigdemont no le importa convertirse en mártir de su causa, pero a Rajoy tampoco le apetece pasar a la Historia como el tonto útil que no supo mantener la unidad de España y preservar su democracia.  

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