Expertos de la ONU piden acciones concretas a la comunidad internacional ante la crisis de los rohingya

"Los estados miembro de la ONU deben ir más allá de las declaraciones y empezar a adoptar acciones concretas para evitar que el Ejército y las fuerzas de seguridad logren como dicen 'terminar el asunto' de deshacerse de la minoría rohingya del estado de Rajine", han indicado en un comunicado conjunto.

En el mismo, han resaltado que "hay acusaciones creíbles sobre violaciones graves de los Derechos Humanos y abusos cometidos contra los rohingya, incluidos ejecuciones extrajudiciales, excesivo uso de la fuerza, tortura y malos tratos, violencia sexual y de género, desplazamiento forzoso, y el incendio y destrucción de más de 200 aldeas rohingya y miles de viviendas".

Asimismo, han hecho referencia a las declaraciones del 19 de septiembre de la líder 'de facto' del país asiático, Aung San Suu Kyi, en las que pidió "intentar descubrir" las posibles razones del éxodo de rohingya hacia Bangladesh.

"Nadie elige, especialmente no en cientos de miles, abandonar sus viviendas y tierras ancestrales, sin importar lo malas que sean las condiciones, para huir a una tierra extraña y vivir en tiendas de plástico y en circunstancias duras, salvo en situaciones de vida o muerte", han recalcado.

"Pese a la violencia presuntamente perpetrada por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) --un grupo armado conocido anteriormente como Aharak al Yaqin que fue creado por los rohingya exiliados tras la crisis de 2012--, la totalidad de la población rohingya no tiene que pagar el precio", han indicado.

Por ello, los expertos han pedido a Suu Kyi que se reúna personalmente con miembros de esta minoría en Rajine y en la localidad bangladeshí de Cox's Bazar, donde se encuentran la inmensa mayoría de los refugiados.

En el texto, han recordado que la comisión encabezada por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan ya resaltó en su informe que "la duradera situación de apátridas y la profunda discriminación han hecho a la comunidad musulmana (rohingya) particularmente vulnerable a las violaciones de los Derechos Humanos".

Asimismo, el citado informe recogió que los sucesivos gobiernos desde la independencia, y particularmente tras el golpe de Estado militar de 1962, "adoptaron medidas legales y administrativas que erosionaron progresivamente los derechos políticos y civiles de las comunidades musulmanes del estado de Rajine".

"Si bien es encomiable que el Gobierno parezca intentar aplicar las recomendaciones de esta comisión, incluidas las relacionadas con los derechos de ciudadanía de los rohingya, será fundamentalmente un gesto vacío ahora que el Ejército y las fuerzas de seguridad han expulsado a casi la mitad de la población rohingya del norte de Rajine y que el Gobierno ha indicado que sólo podrán regresar si tienen pruebas de su nacionalidad. Además, dados los incendios generalizados de aldeas rohingya, no quedan casas a las que puedan volver muchos de ellos", han dicho los expertos.

"Estamos igualmente alarmados por el aparente consentimiento del Gobierno de la incitación al odio y el consentimiento de los actos de intimidación y los ataques contra las familias rohingya por parte de otros grupos étnicos y religiosos", han denunciado.

En este sentido, han recalcado que "toda la violencia dirigida contra la población en general, incluidas las personas desplazadas internamente, debe terminar de firma inmediata".

"Birmania debe dar acceso humanitario ininterrumpido a las organizaciones internacionales para que ayuden a las decenas, sino cientos, de miles de desplazados internos en el estado de Rajine", han manifestado, añadiendo que "debe además garantizar el acceso sin restricciones a observadores (...) para un análisis independiente e imparcial de la situación sobre el terreno".

Por último, han solicitado que el Gobierno birmano "coopere con todas las organizaciones humanitarias internacionales, en lugar de acusarlas de apoyar al terrorismo en sus intentos por desviar sus responsabilidades a la hora de dar ayuda humanitaria a las poblaciones que lo necesitan".

Los firmantes son la relatora especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, Yanghee Lee; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard; el relator especial sobre asuntos de minorías, Fernand de Varennes; la relatora especial sobre vivienda adecuada, Leilani Farha; la relator aespecial sobre Derechos Humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary; el relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia relacionada, Mutuma Ruteere; y el relator especial sobre libertad religiosa o de pensamiento, Ahmed Shaheed.

LA CRISIS EN RAJINE

Cerca de 480.000 rohingyas han cruzado la frontera hacia Bangladesh desde el 25 de agosto por la ola de violencia que comenzó con una serie de ataques de milicianos rohingyas contra las fuerzas de seguridad birmanas y una contraofensiva militar que ha dejado al menos 400 muertos. Esta operación ha sido denunciada por la ONU como "limpieza étnica".

Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha recordado recientemente que los rohingyas llevan décadas despojados de sus derechos civiles y políticos, también de los derivados de la ciudadanía.

En febrero, la oficina de Al Hussein publicó un informe basado en entrevistas a rohingyas que huyeron a Bangladesh por otra operación militar birmana que, según el alto comisionado, ya "sugería" que había ataques "generalizados y sistemáticos" contra los rohingyas, llegando a alcanzar "posiblemente" la consideración de "crímenes contra la Humanidad".

Suu Kyi, galaronada con el Premio Nobel de la Paz, ha hecho frente a numerosas críticas por su postura durante la crisis y ha llegado a denunciar la existencia de "un gran iceberg de desinformación" para "crear problemas" y "beneficiar los intereses de los terroristas".

Así, condenó la semana pasada los abusos en el estado de Rajine pero no realizó alusiones a la limpieza étnica que estarían llevando a cabo las fuerzas de seguridad del país, según denunció la ONU, lo que ha provocado una respuesta fría de la comunidad internacional.

Las autoridades birmanas aseguran que las operaciones en Rajine tienen como objetivo luchar contra "terroristas", pese a las denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles, entre ellos niños.