AI: La violencia sexual es el abuso más invisible del conflicto colombiano

Roberto Rojas Monroy

Bogotá, 20 sep.- La violencia sexual es el abuso "más invisible" del conflicto armado colombiano, sus autores son principalmente paramilitares y no se vislumbran cambios sustanciales en el actual Gobierno de Juan Manuel Santos para superar la impunidad.

Estas son algunas de las afirmaciones que, en una entrevista con Efe, expuso el investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional (AI), Marcello Pollack, con motivo del informe que esta organización presentó hoy en Bogotá sobre violencia sexual en el marco del conflicto.

La confrontación armada colombiana "ha sido marcada por los abusos y las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y también por la impunidad que rodean estos crímenes", precisó Pollack.

El investigador chileno explicó que AI decidió darle un enfoque de impunidad al informe "porque lo que se ve es que la violencia sexual en el contexto del conflicto es uno de los abusos más invisibles de todos los que azotan a Colombia desde hace 45 años".

Y es que el documento subraya que "ningún paramilitar ha sido condenado" por crímenes de violencia sexual.

Pollack lamentó también que, pese a que el presidente Santos "ha declarado su voluntad política de poner fin al tema de la violencia sexual (...), no se han visto cambios sustanciales" en su primer año de Gobierno.

Indicó que esa reiteración de compromisos por Santos y el anunciado respeto al trabajo de los defensores de los derechos humanos, "es algo muy positivo" que "contrasta significativamente con la actitud del Gobierno anterior" (de Álvaro Uribe).

"Desafortunadamente a un año del Gobierno de Uribe aún no se ha visto ese cambio sustancial", dijo Pollack.

Por el contrario, "se ha visto un deterioro en indicadores (...) como el hecho de las amenazas y homicidios de defensores, particularmente los que trabajan en programas de restitución de tierras", subrayó el investigador.

AI publicó en 2004 un primer informe sobre la violencia sexual en el marco del conflicto colombiano con una serie de recomendaciones, "y en 2010 hemos visto pocos cambios positivos", destacó el investigador sobre Colombia de esa organización.

Pollack insistió en que AI ha sido "muy crítica" del proceso de Justicia y Paz, polémico marco legal de la desmovilización, entre 2003 y 2006, de unos 31.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha armada), que ofrece penas mínimas a cambio de confesiones de matanzas y de otros crímenes atroces.

"No ha sido una desmovilización real de los grupos, aunque sí muchos miembros de esos grupos paramilitares han dejado las armas", pero "no se ha tocado sustancialmente el poder económico, político y militar" de esas organizaciones, afirmó.

Esa situación, advirtió, "lleva a una situación donde las estructuras, los fundamentos para una posible reactivación del paramilitarismo aún se mantienen, y ya se está viendo".

Nosotros, resaltó Pollack, "no estamos de acuerdo con la posición del Gobierno de que las 'bacrim' son simplemente bandas criminales" y explicó que "es claro que las estructuras paramilitares se han fracturado y que no hay una estructura clara, muy definida, nacional, de los grupos paramilitares".

Y agregó que "estos grupos se están reestructurando, unificando".

Los más grandes adoptan a los grupos más pequeños y, según dijo Pollack a Efe, "está todo ahí para una posible reaparición de un proyecto paramilitar" a nivel nacional.

Para el investigador de AI la mayoría de los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están "dispuestos a confesar homicidios, crímenes como el desplazamiento y la desaparición forzada, pero no quieren admitir violencia sexual".

Recordó que en el informe se consignaron cifras como las de 57.000 crímenes confesados y apenas hay 86 de violencia sexual.

"Se entiende que los paramilitares no quieren confesar dos crímenes principalmente: la violencia sexual y el reclutamiento forzoso de menores" y, todo, "debido a que se pondrían en la mira de la CPI" (Corte Penal Internacional), puntualizó Pollack.