Campesinos colombianos dicen a CIDH Ley de Víctimas no garantiza sus derechos

Washington, 27 oct.- Varias asociaciones de campesinos colombianos reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Víctimas, que prevé la restitución de tierras, "no garantiza los derechos de los colombianos y favorece el modelo minero energético".

La CIDH escuchó en audiencia, dentro del periodo de sesiones número 143, la situación del reparto de tierras en Colombia, uno de los factores más determinantes en el actual conflicto interno que sufre el país.

"Está claro que históricamente el factor de concentración territorial en Colombia es el principal elemento del conflicto político, social y armado que vive Colombia hace más de 50 años", dijo Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Quintero informó que en agosto más de 30.000 campesinos se reunieron en la ciudad de Barrancabermeja (norte) para celebrar el Encuentro Nacional de Campesinos, Afrodescendientes e Indígenas y tratar sus preocupaciones.

"Manifestamos nuestra preocupación por el proyecto de la ley General de Tierras y Desarrollo rural y la ley de Víctimas porque no garantizan los derechos de los colombianos y ayudan a sustentar un modelo minero energético perjudicial para el medio ambiente y para los ciudadanos", dijo Quintero.

"Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano, es evidente que la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda del Gobierno y responde a un equivocado concepto de paz", insistió el peticionario.

Según declaró, "la historia nos demuestra que las intervenciones militares no son la solución de la paz. La solución política es una necesidad, una cuota de tierra al campesinado".

La representante del Ministerio de Agricultura de Colombia, Jennifer Múgica, reconoció que el acceso a la propiedad de la tierra "es uno de los problemas mayúsculos" que afronta el país y aseguró que la formalización de la propiedad para los campesinos es una prioridad para su Gobierno.

"Sobre el 40 por ciento de la propiedad rural que tienen los campesinos de hoy en día no existe el derecho al acceso a la propiedad, y en consecuencia, no pueden obtener subvenciones, proyectos, recursos y otros beneficios", dijo Múgica.

Según datos del Gobierno colombiano, más de 460.000 familias han denunciado el despojo de sus tierras a raíz del conflicto interno.

"La formalización de la propiedad es una de las prioridades, este año hemos superado las 700.000 hectáreas de adjudicación a campesinos que antes no las tenían", apuntó la representante.

El Gobierno colombiano ha puesto en marcha mecanismos para canalizar la restitución de tierras bajo las pautas de la Corte Constitucional, dijo Múgica, quien afirmó que el Gobierno es consciente de que, pese a este esfuerzo, los desplazamientos forzados siguen ocurriendo en el país.

Según el informe anual para 2011 de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Colombia continúa siendo el primer país del mundo con más desplazados internos y refugiados, con una cifra de 5,2 millones de ciudadanos víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado.