Reforma militar da más poderes al Ejército Nicaragua, aunque a merced Ortega

Luis Felipe Palacios

Managua, 2 feb.- Una reforma al Código Militar, aprobada recientemente por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional (Parlamento), deja al Ejército de Nicaragua con más poderes y mayores facultades en el ámbito de la seguridad nacional, aunque más subordinado políticamente al presidente Daniel Ortega.

La reforma, aprobada esta semana a propuesta del Ejecutivo, deja a discreción del Presidente de la República extender el plazo de forma indefinida al jefe de las Fuerzas Armadas, al que también podrá destituir por "insubordinación".

La modificación establece que el jefe del Ejército (actualmente es el general Julio César Avilés) podrá ser destituido por insubordinación o por desobediencia a las órdenes dadas por el Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones.

También se contempla esta medida por trasgredir con sus opiniones o actuaciones la apoliticidad o apartidismo del Ejército, por haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos que merezcan penas graves o muy graves, o por incapacidad física o mental declarada.

"La reforma al Código Militar significa la sujeción personal de la institución y del jefe del Ejército al presidente de la República", dijo a Efe el teniente coronel en retiro Irving Dávila, quien realizó un análisis jurídico sobre el tema para el no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Antes de la discusión de este código, el Ejército envió a retiro a su jefe del Estado Mayor, el mayor general Óscar Balladares, con lo que se dio un cambio en la tradición de la cadena de mando militar.

La reforma también asigna un nuevo rol al Ejército en materia de seguridad nacional, algo que se había suprimido en el Código Militar de 1994.

Para distintos sectores, esta atribución está vinculada a los viejos conceptos de seguridad nacional que existieron durante los regímenes autoritarios, donde utilizaban una serie de mecanismos para poder contrarrestar y eliminar a aquellos que se manifestaran, en términos políticos, opositores a la posición del Gobierno.

Es decir, que Ortega autoriza a la Dirección de Información para la Defensa (DID), la anterior Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, una función usada en las dictaduras de América Latina para controlar a sus opositores, de acuerdo a analistas y políticos consultados por Efe.

"Este es un Código similar al menos en la intencionalidad política de lo que hacían los Ejércitos en los años 60, 70 y 80 (del siglo pasado), en tiempos de la guerra fría", valoró Dávila, abogado de profesión.

La modificación también establece que los militares en retiro, principalmente los que se especializaron en el extranjero durante el primer régimen sandinista (1979-1990) y pasaron a vida civil después de 1994, puedan ser reintegrados al Ejército.

Además, plantea que los miembros del Ejército podrán ocupar cargos en las instituciones del Estado que no sean de elección popular, así como crear unas "fuerzas de reserva" integradas por voluntarios y, sobre todo, antiguos oficiales.

Asimismo, amplía los años de servicio de 35 a 40, con una edad máxima de retiro de 65 años y no de 60 como en la actualidad, lo que beneficiará a los fundadores del Ejército Popular Sandinista nacidos en 1979.

Los diputados opositores votaron contra este proyecto con el argumento de que la reforma podría tener consecuencias en el futuro al establecer un "tapón" en la cadena de mando militar, a la vez que, según ellos, deja una guardia al servicio de una persona con intereses políticos, que definieron como un dictador, en alusión a Ortega.

"Con esto creemos que (Ortega) cierra el ciclo hegemónico del control institucional del Estado y de aquí en adelante poder tener toda la institucionalidad para poder hacer su voluntad", apuntó Dávila.

La reforma militar se suma a la que aprobó también esta semana la mayoría sandinista a la Constitución que garantiza a Ortega el derecho a presentarse a la reelección inmediata cuantas veces quiera y a legislar por decreto.