La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha ratificado la responsabilidad contable de Artur Mas en la financiación de la consulta soberanista del 9-N, celebrada el año 2014. La resolución ha sido resuelta este viernes por el citado organismo de fiscalización del sector público que desestima el recurso presentado contra la sentencia del pasado mes de noviembre en virtud de la cual se condenaba al ex presidente de la Generalitat, así como a la ex vicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Irene Rigau y Francesc Homs a reintegrar al erario público un total de 4,9 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas, en esta segunda instancia, ha incrementado incluso el importe final que deberá abonar el ex presidente catalán en una cuantía adicional de 41.831 euros, de modo que ahora tendrá que responder por un total de 4.988.620,11 euros en lugar de los 4.946.788,16 euros fijados en un primer momento por la magistrada Margarita Mariscal de Gante. Los casi 42.000 euros en los que ahora se eleva la condena responden a dos partidas derivadas de la fabricación y transporte del material empleado en la votación y de la elaboración del soporte informático. La primera supone 20.214 euros y la segunda alcanza los 21.617 euros.
La condena inicial dictaminada por el Tribunal de Cuentas provocó la más airada reacción del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien calificó la sentencia como una manifestación del "insaciable espíritu de venganza del Estado español". El abogado de Artur Mas presentó a primeros de diciembre el correspondiente recurso ante el propio Tribunal de Cuentas bajo el argumento de que la consulta popular que fue suspendida por el Tribunal Constitucional y el proceso participativo convocado para el 9 de noviembre constituían dos procesos distintos.
La defensa de Mas consideraba que, a partir de esta premisa, no se puede afirmar que las partidas presupuestarias que dotaron los fondos para los gastos vinculados al proceso participativo estaban suspendidas por el Tribunal Constitucional. Sobre este criterio el abogado del ex presidente catalán destacaba en su apelación que en ningún momento se habían vulnerado las leyes reguladoras del régimen presupuestario y contable. Abundaba en este criterio el hecho de que las facturas fueron giradas con anterioridad al 4 de noviembre de 2014, fecha en la que el Tribunal Constitucional acordó la suspensión de la consulta.
La resolución de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas rechaza ahora el recurso de Artur Mas con arreglo a los mismos planteamientos jurídicos establecidos en su día por la ponente, Margarita Mayoral de Gante. La sentencia condenatoria estimaba las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución. El tribunal considera probado que el Gobierno de Mas realizó todos los gastos peses a que la consulta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
El detalle de la condena inicial señalaba a Artur Mas como responsable de la totalidad del daño económico causado a la Generalitat al tiempo que precisaba la reclamación de los importes del resto de dirigentes políticos. Joana Ortega debería hacer frente a 800.000 euros, correspondientes al soporte informático necesario para organizar la consulta no vinculante. La ex consejera de Educación, Irene Rigau, fue condenada al reintegro de 2,8 millones de euros derivados de la compra de los ordenadores que fueron utilizados en las mesas de votación. A su vez, el exdiputado en el Congreso, Francesc Homs, tendría que hacerse cargo de otros 1,9 millones por los gastos de la campaña publicitaria y los envíos de correos.
Última apelación al Tribunal Supremo
La posición de la sala de Enjuiciamiento encargada de resolver el recurso no ha determinado cambios sustanciales en la depuración de todas estas responsabilidades dado el inventario de los costes que fueron determinados en la condena inicial. El ex presidente de la Generalitat y sus colaboradores tendrán ahora que apelar en casación al Tribunal Supremo en un último intento de poner a salvo sus respectivos patrimonios. Cabe señalar que Mas y los citados ex consejeros deberán abonar también los intereses que devengan las mencionadas partidas y asumir las costas de las demandas.
En paralelo con el desenlace del proceso de fiscalización del 9-N, el Tribunal de Cuentas ha estrechado también el cerco sobre el segundo referéndum ilegal del 1-O. En este segundo proceso la investigación afecta a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y a todos los miembros del Govern en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), así como a los que dimitieron a mediados de 2017. El caso es equivalente al de Artur Mas a falta de conocer el importe de las reclamaciones dinerarias que el Tribunal de Cuentas tiene previsto hacer efectivas a lo largo de las próximas semanas.
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