“El Tribunal llega hasta aquí”. La frase encierra la realidad del órgano fiscalizador de las cuentas públicas, cuyo presidente ha esquivado este martes las críticas de todos los partidos políticos presentes en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, a excepción del Partido Popular.
Ramón Álvarez de Miranda ha admitido así la incapacidad del órgano que preside para controlar la financiación irregular de los partidos políticos, una materia que según ha deslizado compete a otros organismos
"como la Agencia Tributaria o el propio Congreso".
La respuesta del máximo auditor de los números públicos obedece a la ráfaga de quejas de todos los partidos políticos presentes en la Comisión, por la distancia del informe con la realidad, que desatiende cuando el caso Bárcenas acredita 18 años de caja B del Partido Popular. Sobre todo, después de que el extesorero del Partido haya ratificado este martes
ante el juez José María Vázquez Honrubia de que el exsecretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa le avisó de que la formación política había dado instrucciones de girar facturas falsas a empresarios para que sufragasen los costes de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
“Si ustedes quieren ser más exigentes consigo mismos, bienvenido sea”, ha contestado Álvarez de Miranda en relación a las críticas que ponen en entredicho el equilibrio de las fotos fijas de las cuentas de los partidos políticas presentadas en este informe.
“La Agencia Tributaria”, ha continuado el presidente del Tribunal de Cuentas para insistir en la idea, “no necesita ningún permiso nuestro en el supuesto de que haya algo, que yo no estoy prejuzgándolo”, ha aclarado el presidente del organismo regulador.
El abanico de competencias del Tribunal de Cuentas constituye un debate que viene de antiguo. Ya en julio pasado, el presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina Guijarro, pidió competencias para "prevenir la corrupción" y hacer "más efectiva" la colaboración de este organismo en ese ámbito.
Los partidos deben 233,3 millones de euros
La auditoría mira a cifras de hace tres años y cuatro, corresponde a 2014 y 2015, pero es la última lectura del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos y es demoledora.
El informe que ha presentado este martes el presidente del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda, recoge una deuda conjunta de 193, 9 millones de euros en 2014 entre las 30 entidades auditadas y de 233,3 millones de euros a finales de 2015. Los partidos políticos deben, por tanto, a los bancos el equivalente al presupuesto 2018 de la ciudad de Oviedo, la misma cantidad que el Gobierno destinó al Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados, y que multiplica por 2,3 lo invertido este mismo ejercicio en combatir la pobreza infantil, según los últimos datos auditados.
Los partidos políticos recibieron 263,3 millones de euros en ayudas públicas en 2015, el equivalente a la cantidad aportada por las comunidades autónomas a la Ayuda Oficial al Desarrollo en los Presupuestos Generales este año. Además, se les asignó una cantidad anual para sufragar los gastos de seguridad de 2,71 millones de euros en cada uno de los dos ejercicios. De esos 263,3 millones de euros, 102,74 millones fueron ingresados como subvenciones electorales en 2015, año de comicios autonómicos, municipales y generales.
El intercambio de palabras entre el presidente del Tribunal de Cuentas y los distintos miembros de la Comisión ha girado entorno a la financiación irregular del Partido Popular. Ciudadanos ha sido el más beligerante de los partidos que han cuestionado la auditoría del organismo por dejarse fuera la caja B del Partido Popular. Y esto por lo mal parado que queda el partido naranja en su último informe.
"Numerosos errores y omisiones en el registro contable de las entradas y salidas de fondos", el no reconocimiento de subvenciones para gastos de grupos institucionales, gastos electorales no registrados como tal y aportaciones de dudosa legalidad. Estas son algunas de las "irregularidades" y "deficiencias" que el Tribunal de Cuentas detectó en la financiación de Ciudadanos relativa en 2015 y que vulneran la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Según ha expuesto el presidente del Tribunal de Cuentas ante la Comisión Mixta, varias formaciones presentaban un patrimonio neto negativo a cierre de los ejercicios 2014 y 2015, lo que es causa de disolución. Entre estas, destacan por su elevada cuantía UDC, la coalición Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya-Verds.
El órgano tampoco ha podido emitir una opinión en relación con la representatividad de los estados contables de UDC y de Unión Progreso y Democracia (UPyD). En el primer caso, por su situación concursal y en el segundo caso porque la formación no entregó gran parte la documentación que se le había solicitado.
Beneficios fiscales contra ingresos públicos
El presidente ha aprovechado su intervención para presentar también otros informes relativos al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de las regiones de Murcia, Castilla La Mancha, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Extremadura, Ceuta y de las actuaciones de la Agencia Tributaria respecto de los beneficios fiscales.
En relación a esta última fiscalización, Ramón Álvarez de Miranda ha advertido que estos beneficios fiscales suponen una merma de los ingresos públicos y disminuyeron los tipos efectivos del IRPF, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades hasta en un 4 % en 2015.
El presidente del Tribunal de Cuentas, quien ha lamentado la poca eficacia de los filtros de control de gran parte de los incentivos fiscales, ha recomendado a la Dirección General de Tributos y a la Agencia Tributaria a que inste a los órganos competentes a desarrollar un concepto legal de beneficio fiscal y elabore anualmente un documento de ejecución que permita analizar desviaciones producidas y sus causas.
En este sentido, el informe de fiscalización señala que en 2015 en el IRPF se identificaron 42 filtros de control relativos a los beneficios fiscales aplicados por los contribuyentes y que únicamente afectaron al 37 % de los previstos en el Presupuesto de Beneficios Fiscales.
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