El fraude millonario en el sistema nacional de aduanas, destapado en abril pasado, rebasó la tolerancia de los guatemaltecos, que se lanzaron a las calles en marchas masivas hasta conseguir que el presidente Otto Pérez abandonara el poder y se sometiera a la justicia.
La renuncia ocurrió el 2 de septiembre, cuatro días antes de las elecciones generales ya previstas en el cronograma electoral.
La vinculación de la máxima autoridad del país en un escándalo de corrupción encendió las alertas para los dos candidatos a la presidencia, que remodelaron sus discursos para promover la transparencia en una campaña marcada por la apatía y el desinterés.
El cómico Jimmy Morales, del partido derechista FCN-Nación, y la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres, postulada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), intentan convencer a los más de 7,5 millones de guatemaltecos convocados a las urnas con un discurso anticorrupción.
"Nuestro primer fundamento es cero tolerancia a la corrupción, que ha sido uno de los flagelos que ha impedido que Guatemala se desarrolle como nación", expresó Morales durante la presentación de su plan de gobierno.
El comediante de 46 años, sin experiencia política pero favorito a ganar, según las encuestas, como ocurrió en la primera vuelta el 6 de septiembre, dice que su gobierno combatirá la corrupción asignando recursos para fortalecer a la Fiscalía y entes controladores del gasto público.
Adelantó también que promoverá un sistema de "puertas abiertas" para la contratación de productos y servicios en el gobierno.
Sandra Torres también se sumó a la ola de discursos anticorrupción luego del escándalo que también se cobró el cargo de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien al igual que Pérez guarda prisión preventiva.
Pérez y Baldetti son investigados como presuntos cabecillas de la red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Torres, de 60 años, resume su política de transparencia en tres pasos: crear una comisión de ética, eliminar las compras públicas directas y desarticular grupos delictivos que operan dentro del Estado, con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU que apoya la depuración del sistema de justicia.
La CICIG, que funciona en Guatemala desde el 2007, reveló junto a la Fiscalía el fraude en las aduanas, además de otros casos de corrupción de alcaldes y diputados.
"Ciertamente la corrupción es la mayor amenaza cuando un gobierno busca el bienestar de sus ciudadanos", señala Torres, quien coordinó entre 2008 y 2012 los programas sociales del gobierno de su entonces esposo, el expresidente Álvaro Colom.
Previo a la elección, ambos candidatos se comprometieron frente al actual presidente interino, Alejandro Maldonado, a cumplir sus promesas contra la corrupción y firmaron una Alianza Nacional para la Transparencia y un Pacto por el Fortalecimiento Institucional del Estado, para garantizar el buen uso de los bienes públicos.
El estallido de los casos de corrupción eclipsó la campaña electoral y alejó a los guatemaltecos de los discursos y mitines de los dos candidatos.
Para el analista político Phillip Chicolá, el proceso electoral fue atípico por el escándalo, que desató la peor crisis institucional en la historia reciente de este país centroamericano.
Pero consideró también que esta crisis ha resultado un aliciente para diferentes sectores sociales que esperan "un renacer" para que la población esté vigilante del uso de los recursos del Estado.
Aunque los discursos se centran en combatir la corrupción, los dos aspirantes prometen además mejorar la educación, los servicios de salud y reducir la pobreza, que afecta al 54% de los 15,8 millones de habitantes.
Asimismo, se comprometen a crear miles de empleos, proteger el medio ambiente y mejorar la seguridad al combatir con dureza la criminalidad y el narcotráfico, los mayores responsables de las casi 6.000 muertes violentas por año.
Los centros de votación deben abrir a las 07H00 locales (13H00 GMT) y cerrar a las 18H00 locales (00H00 del lunes).
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